En un desarrollo que marca la tensión entre la política y el mundo empresarial, el Partido Popular (PP) ha solicitado la comparecencia del presidente de Telefónica, Marc Murtra, ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso. Esta solicitud se produce en medio de la polémica acerca del nuevo plan estratégico de la compañía, que contempla un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a unos 6.000 trabajadores.

Según la información revelada por medios como 'ABC' y Europa Press, el objetivo de que Murtra comparezca en esta Comisión es explicar en detalle el plan que la empresa tiene previsto implementar para el periodo 2026-2030, destacando su relevancia para la seguridad nacional.

El plan, que fue presentado recientemente el 4 de noviembre, incluye medidas de eficiencia que buscan una drástica reducción de costes, estimando entre 2.300 y 3.000 millones de euros en ahorros para finales de la década. Este enfoque plantea la reducción del dividendo a la mitad para 2026, situándolo en 0,15 euros por acción, y anuncia un ERE en siete de sus sociedades que, aunque aún debe ser negociado con los sindicatos, ya está causando gran inquietud entre los empleados.

Ante este escenario, el PP ha complementado su requerimiento con una serie de preguntas dirigidas al Gobierno, apuntando a la necesidad de una mayor claridad sobre el proceso de despido colectivo. Esta estrategia política refleja una creciente preocupación por el impacto social de las decisiones empresariales, en especial en tiempos de crisis económica.

En el seno del Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado una postura crítica respecto al ERE de Telefónica, calificándolo de “indecente”. Díaz ha solicitado que se busquen soluciones mediante el diálogo en lugar de recurrir a despidos masivos, enfatizando que un número significativo de trabajadores se vería afectado por esta decisión.

El PP ha cuestionado directamente a la ministra, pidiendo claridad sobre sus acciones para evitar esta situación, así como sobre si se han dado indicaciones al representante del Gobierno en la compañía, Carlos Ocaña Orbis, para cuestionar este plan de despidos. La retórica del partido se hace eco de la inconsistencia que perciben entre la salud económica proclamada del país y la realidad de los despidos potenciales en una de las empresas más grandes de España.

Una de las preguntas formuladas por el PP captura la frustración general: “¿Cómo se puede considerar razonable un despido masivo en una empresa cuyo consejo de administración incluye a miembros del mismo Gobierno que afirma que la economía española avanza con éxito?”. Este cuestionamiento pone de relieve las contradicciones presentes en el discurso político en relación a la crisis laboral que enfrenta el país.