En una nueva ofensiva política, el Partido Popular ha presentado una petición para que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparezca ante el Congreso. El objetivo de esta solicitud es esclarecer la influencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre Red Eléctrica, así como su papel en los procesos de nombramiento de altos cargos dentro de la empresa.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo busca obtener información detallada sobre el significativo porcentaje de participación del 20% que la SEPI mantiene en Redeia, la empresa matriz de Red Eléctrica. Además, se interesa por la política de selección de los miembros del consejo de administración, un aspecto que consideran vital para entender la dinámica interna de la compañía.

La motivación del PP para llevar a cabo esta solicitud se centra en determinar si la influencia de la SEPI en la empresa tuvo relación con el reciente apagón que afectó a la península ibérica el 28 de abril. Esta crisis ha llevado a cuestionar la gestión y los mecanismos de control dentro del sector eléctrico español.

En respuesta a estos cuestionamientos, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido en el Congreso que Red Eléctrica opera como una entidad "jurídicamente privada" y que actúa de acuerdo con la Ley de Sector Eléctrico, asegurando que su rol como operador del sistema se realiza de manera "independiente".

No obstante, el Partido Popular ha mostrado su escepticismo frente a esta afirmación, recordando que la SEPI, como principal accionista de Red Eléctrica, tiene un peso significativo en las decisiones estratégicas de la empresa. Esta situación es aún más compleja dado que el Gobierno es quien toma la decisión sobre el nombramiento del presidente, en este caso a la exministra socialista Beatriz Corredor, lo que ha generado un debate sobre la independencia real de la compañía.