El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha lanzado acusaciones graves contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En un escrito dirigido al Tribunal Supremo (TS), González Amador sostiene que García Ortiz ha incurrido en "mentiras" dirigidas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la intención de desprestigiar tanto al TS como a la Unidad Central Operativa (UCO). Además, solicita que el fiscal sea obligado a entregar su teléfono móvil, adquirido después de que comenzara su investigación.

La controversia surge tras la queja presentada por García Ortiz ante el CGPJ, en la que se queja de la difusión de sus datos personales y de otros a raíz de un informe de la UCO notificado por el TS. En su escrito, el abogado de González Amador contesta a la solicitud del magistrado Ángel Hurtado, quien había solicitado a las partes que presentaran sus respectivos argumentos tras la denuncia del fiscal.

González Amador critica que la UCO haya proporcionado al TS un detallado registro de las llamadas de García Ortiz, que incluye datos temporales que se extienden más allá de lo solicitado por el juez, además de un acopio excesivo de información sobre las conexiones de sus dispositivos. Según su defensa, estos datos no implican una transmisión real ni infracción alguna, sino que solo representan un intento de construir un relato falso.

En su respuesta, el abogado menciona cómo la UCO analizó las conexiones de diferentes teléfonos a través de los IMEI, comparándolos con un número de identidad de un dispositivo. Se señala que la información adicional que se podría haber obtenido a partir de estos datos no se ha entregado, lo que plantea interrogantes sobre su validez.

Ante esta situación, la representación legal de González Amador acusa a García Ortiz de intentar socavar la credibilidad de la UCO y del órgano judicial. Sostienen que se encuentra en curso una campaña de desprestigio contra involucrados en el proceso, lo que agrava la situación de polarización y disputas en torno a esta investigación.

Asimismo, pide al magistrado que requiera al fiscal la entrega de documentos, incluyendo una copia del escrito enviado al CGPJ y el antiguo teléfono móvil que utilizó antes del 23 de octubre, así como las copias de respaldo de su cuenta de Gmail y WhatsApp. La defensa de González Amador sostiene que, según registros de la propia Fiscalía, García Ortiz no ha entregado su antiguo dispositivo móvil.

El abogado advierte sobre un patrón preocupante en el que la destrucción de dispositivos y eliminación de datos por parte del fiscal podría repetirse entre otros miembros de la Fiscalía General del Estado, lo que pone en tela de juicio la integridad del proceso judicial.

Por otra parte, Ángel Hurtado ha decidido abrir la puerta a las alegaciones de las partes respecto a la queja presentada por García Ortiz, asegurando que esto es vital para garantizar su derecho a una tutela judicial efectiva. González Amador, a su vez, subraya que el acceso a los datos del sumario es fundamental para garantizar un derecho de defensa adecuado, y que, en este caso particular, no existen limitaciones legales que impidan dicho acceso.