El PSOE acusa al PP de filtrar audios del apagón en el Senado y evalúa acciones legales.
En Madrid, el 27 de marzo, la tensión política se intensifica tras las acusaciones del PSOE contra el PP por la filtración de audios relacionados con el apagón eléctrico. Este material, según el partido socialista, es de naturaleza confidencial y se considera reservado, lo que ha llevado al PSOE a expresar su intención de tomar las medidas parlamentarias y legales necesarias para hacer frente a esta situación.
Los socialistas afirman que la divulgación de estos audios ha influido directamente en la comparecencia de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, en la comisión de investigación. Este hecho, según el PSOE, pone de manifiesto una grave infracción del deber de confidencialidad que rige el procedimiento de la comisión.
En un escrito formal dirigido al presidente de la mencionada comisión, el PSOE ha señalado la “quiebra evidente” de la confidencialidad, subrayando que se han publicado transcripciones literales de audios que, debidamente incorporados al expediente, están protegidos por un protocolo de reserva estricto.
Documentos enviados por Iberdrola, que incluyen comunicaciones con la Red Eléctrica de España, fueron clasificados como reservados por un consenso de la Mesa de la comisión. Se implementaron medidas rigurosas para su custodia, incluyendo acceso limitado, control de presencia, prohibición de dispositivos electrónicos y almacenamiento seguro en las instalaciones del Senado.
El PSOE califica la situación de "extrema gravedad", señalando que no solo afecta al funcionamiento interno de la comisión, sino que además podría implicar incumplimientos de las responsabilidades legales en cuanto a la protección de información sensible que compete a los funcionarios públicos.
Asimismo, advierten que la difusión de información clasificada puede acarrear serias consecuencias, incluidas responsabilidades disciplinarias, políticas e incluso penales, en relación con delitos relacionados con la divulgación de secretos por parte de autoridades o empleados del gobierno.