MADRID, 11 de enero.

El PSOE se encuentra ante un momento crucial, ya que se prepara para discutir la financiación autonómica, un tema que ha generado tensiones entre diferentes comunidades autónomas. Este debate se intensifica en un año electoral, con comicios a la vista en Aragón, Castilla y León y Andalucía, y hemos visto cómo varias federaciones han expresado su desacuerdo con el nuevo acuerdo propuesto por el Gobierno.

Tras la presentación del nuevo modelo por parte de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han surgido dudas y críticas desde varias federaciones socialistas. Algunos miembros ven esta propuesta como una concesión al independentismo catalán y se sienten insatisfechos con la falta de consideraciones hacia sus territorios en el nuevo sistema.

Desde la dirección federal, incluyendo a Ferraz, se están realizando esfuerzos para promover las ventajas del nuevo modelo, asegurando que generará más recursos para todas las comunidades y abrirá un debate que influirá notablemente en las próximas campañas electorales.

Entre las voces más críticas del PSOE destaca la de Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, quien ha calificado el acuerdo como un "atropello" y ha instado a convocar elecciones generales, argumentando que es inaceptable que los independentistas controlen el reparto de los recursos de España.

García Page ha denunciado que Montero intentó "justificar lo injustificable" y presentó su discurso de manera confusa, a pesar de que la ministra aseguró que se destinarían 20.000 millones de euros adicionales a las comunidades y que todas recibirían mayores aportes.

El nuevo acuerdo ha recibido el apoyo de ERC, que ha subrayado la importancia de mantener el principio de ordinalidad, estipulando que las comunidades que más contribuyen deben ser también las que más reciben. Este principio se aplicará en Cataluña, aunque no será garantizado para regiones como Madrid, según la propia Montero ha confirmado.

Aún con un tono más mesurado, el Principado de Asturias también ha mostrado inquietudes sobre la nueva financiación. El consejero de Presidencia, Guillermo Peláez, ha indicado que esperan la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para esta semana para conocer con detalle el acuerdo.

El presidente asturiano, Adrián Barbón, ha mantenido un perfil bajo por el momento, aunque en septiembre expresó que únicamente aceptará un acuerdo que ofrezca una financiación "sin privilegios y sin discriminaciones", además de mayores recursos para su comunidad.

Asimismo, el PSOE en Castilla y León ha calificado la nueva financiación como "insuficiente e injusta", según señalaron este mismo sábado, mediante las palabras del secretario autonómico Carlos Martínez.

Martínez, quien es candidato socialista en las próximas elecciones en Castilla y León, programadas para el 15 de marzo, ha considerado que el acuerdo no se ajusta a las necesidades locales, aunque su comunidad recibiría 271 millones de euros extra.

En contraste, Pilar Alegría, candidata del PSOE en Aragón y exministra, ha defendido el nuevo acuerdo, enfatizando que su comunidad obtendrá más recursos que con el modelo anterior. Alegría, que se enfrentará a las urnas el próximo 8 de febrero, ha instado al presidente actual, Jorge Azcón (PP), a aclarar cómo se invertirán los 630 millones de euros en lugar de mantener confrontaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez.

De manera similar, María Jesús Montero, la principal estratega del nuevo modelo de financiación y candidata en Andalucía, ha defendido la propuesta en medios de comunicación, afirmando que promoverá un enfoque más solidario que beneficiará a todas las comunidades.

Paralelamente, Ferraz ha iniciado una campaña promocional para respaldar un modelo que promete inyectar más de 20.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas, enfatizando también que esta iniciativa tiene como objetivo reducir las disparidades entre territorios que más y menos reciben en términos de financiación por habitante.

Además, subrayan que esta propuesta incrementará la solidaridad entre las comunidades mediante la transferencia de 3.000 millones de euros de aquellas más ricas a las que tienen menos recursos, así como un fondo adicional de 1.000 millones destinado a combatir el cambio climático.