El 12 de febrero de 2026, el PSOE ha enfrentado un inicio de año complejo en el Pleno del Congreso con cinco nuevas derrotas, incluida la reprobación de su ministro de Transportes, Óscar Puente, y el rechazo a una propuesta destinada a condenar el unilateralismo de Donald Trump.

El Pleno se inició el martes con la consideración de una ley presentada por el PP que busca obligar al Parlamento a votar sobre los créditos extraordinarios para gastos militares. A pesar de la oposición del Gobierno, la iniciativa avanzó, en parte gracias a la abstención de partidos como el PNV, Junts y BNG.

Con esta jornada, el PSOE suma a su historial legislativo ocho proposiciones de ley tramitadas sin su apoyo, destacando una presentada por Sumar que busca otorgar nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española. Esta situación evidenció una creciente falta de unidad entre los aliados de la coalición.

El PP ha logrado impulsar diversas iniciativas, incluyendo la reforma de la protección del lobo ibérico y la exigencia de autorización parlamentaria para el envío de material militar al extranjero, todas ellas avanzando gracias a la oposición que no se presentó a votar en contra por parte de algunos aliados.

Sin embargo, muchas de estas propuestas no avanzan debido a la estrategia del PSOE y Sumar, que han usado su mayoría en la Mesa del Congreso para extender los plazos de enmiendas y frenar su curso legislativo. Esta táctica también se ha visto en iniciativas provenientes del Senado lideradas por el PP.

Este jueves, el Pleno del Congreso ha visto nuevamente una derrota significativa para el PSOE con la reprobación del ministro Puente, quien ha sido censurado en siete ocasiones durante esta legislatura, siendo la última por los trágicos accidentes ferroviarios en Adamuz y Gélida que resultaron en la pérdida de 47 vidas.

Durante este periodo de sesiones, otras reprobaciones han afectado además a figuras como Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y Ana Redondo, ministra de Igualdad. La desesperación del PSOE se agudiza cada vez más con las repetidas votaciones en su contra.

Además, el PSOE sufrió otra derrota cuando intentó introducir una iniciativa que defendía la legalidad internacional y se oponía a las decisiones unilaterales de Trump, lo que subraya un patrón preocupante para el partido en esta legislatura.

La secuencia de derrotas se completó con dos puntos de una moción de Esquerra Republicana que beneficiaron a los autónomos, sumando apoyos de la oposición y Sumar, un hecho que refleja la fragmentación de apoyos dentro del hemiciclo.

A pesar de que estas cinco derrotas son preocupantes, todavía están lejos del récord de 23 fallos que el PSOE sufrió en una sola sesión en diciembre de 2024, cuando también se dieron situaciones similares con enmiendas y mociones de la oposición.

El Grupo Popular, consciente de la precariedad que atraviesa el Gobierno, ha adoptado la estrategia de presentar sus iniciativas una a una, lo que ha maximizado las posibilidades de que el PSOE se encuentre en la posición de perder apoyos. Esta táctica ha sido asistida por aliados como el PNV y ERC.

Hasta la fecha, el PSOE ha visto caer una propuesta significativa como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, además de varios decretos que han fracasado en el Congreso, reflejando la difícil situación legislativa del Gobierno.

Otros decretos que no lograron sobrevivir incluyen importantes medidas en el sector eléctrico que buscaban prevenir apagones, así como el 'escudo social', que abordaba cuestiones críticas como la prohibición de desahucios y el aumento de las pensiones.

El panorama legislativo se complica aún más con la caída de leyes como la Agency State of Public Health y la reforma de la Ley de Suelo, así como el rechazo a cinco propuestas del Grupo Socialista por parte de la oposición y algunos de sus socios de gobierno.

Además, varios proyectos promovidos por sus aliados, aunque contaban con el respaldo del PSOE, fueron también despojados de su curso, incluyendo iniciativas relacionadas con la regulación de alquileres y la creación de una Oficina de Prevención de la Corrupción, todas tumbadas por una coalición de fuerzas de oposición compuesta por PP, Vox y Junts.