El regreso del talibán marca el fin de cualquier noción de transición política tras cuatro años de dominio.

En Madrid, el 15 de agosto, el líder del régimen talibán, Hibatulá Ajundzada, ha instado a ministros y funcionarios a abandonar el uso del término "interino" en sus cargos. Este llamamiento representa un paso simbólico hacia la declaración de una mayor consolidación del Emirato Islámico, justo en el cuarto aniversario del retorno al poder del grupo extremista.
En un mensaje emitido este viernes, Ajundzada enfatizó que la cúpula actual se compromete a perseguir "la prosperidad y la paz" del pueblo afgano bajo la rígida aplicación de la sharia, que ha sido usada para justificar múltiples violaciones de derechos humanos en los últimos cuatro años de su gobierno.
El 15 de agosto es recordado anualmente por el régimen como el día de su “gran victoria” y la “liberación” frente a lo que consideran la “ocupación” de Estados Unidos y sus aliados. Según Ajundzada, Afganistán ha alcanzado "la paz total" en virtud de la doctrina islámica, una afirmación que choca con el análisis de observadores independientes.
Estos expertos han denunciado que el régimen de los talibanes ha llevado a cabo un "asalto implacable y creciente sobre los derechos y libertades fundamentales", implementando una serie de edictos que refuerzan un entorno de represión. Se ha establecido un sistema que combate abiertamente la disidencia, silencia a los medios independientes y muestra un desprecio por los derechos humanos fundamentales.
Las mujeres y las niñas son particularmente afectadas por este régimen, encontrándose excluidas no solo de los ámbitos de poder político, sino también del espacio público en general, lo que les impide acceder a la educación superior, entre otras cosas.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), el 80% de las mujeres que trabajaban como periodistas han dejado sus puestos, mientras que quienes aún ejercen lo hacen bajo amenazas y en un clima de censura. Cualquier acto de resistencia puede conllevar consecuencias fatales.
Desde el retorno al poder, los talibanes han reintroducido ejecuciones y castigos públicos como parte de un régimen opresor que se manifiesta a través de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. El sistema judicial actual opera bajo normas que privilegian una interpretación extrema del islamismo.
Samira Hamidi, responsable de campañas de Amnistía Internacional, lamentó que tras cuatro años de gobierno talibán, el país presenta un marco legal opaco y represivo que prioriza la obediencia sobre los derechos individuales y el silencio sobre la verdad.
Pese a esta dura realidad, la población afgana no parece dispuesta a rendirse sin luchar por las libertades que gozaron durante las dos décadas anteriores. Una reciente encuesta de ONU Mujeres revela que el 40% de las mujeres aún espera que un futuro con igualdad y cambio sea posible.
La representante de ONU Mujeres en Afganistán, Susan Ferguson, destacó que esta perspectiva de esperanza representa "un salvavidas y una estrategia política" en un país donde el control es ejercido por un reducido grupo político desde Kabul, a expensas de la mayoría de la población.
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