La reciente decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en Madrid ha generado controversia en el sector del transporte. El organismo ha decidido archivar dos denuncias formuladas por la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) contra Cabify, acusando a esta empresa de vehículos de alquiler con conductor (VTC) de no respetar el requisito de un tiempo mínimo de espera de 15 minutos en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El fallo, emitido el 14 de mayo, determina que no existen pruebas suficientes para corroborar que Cabify haya cometido tal infracción. La CNMC, en su resolución, explicó que, tras evaluar la evolución de precios y las cuotas de mercado entre 2018 y 2019, no se observan señales contundentes de que la compañía se haya beneficiado de un posible incumplimiento de las normas de precontratación.

El informe destaca que el incremento en el rendimiento económico por kilómetro de Cabify, observado en 2019 en comparación al año anterior, se puede atribuir a factores como su modelo de precios flexibles, un aumento global de la demanda y la homogeneización de precios entre diversos operadores del sector.

En cuanto a la situación en la Comunidad Valenciana, aunque los costes por kilómetro de Cabify eran superiores a los de los taxis, se mantenían por debajo de los tarifas de Uber, cuya cuota de mercado había sido más alta antes de su salida de Valencia, tras la implementación de la regla de los 15 minutos, aunque eventualmente regresó.

El informe de la CNMC también señala que los ingresos en el sector del taxi crecieron significativamente en 2019, sugiriendo que la supuesta irregularidad de Cabify no impactó negativamente a este gremio. Esta resolución se da en un contexto tenso, ya que se ha reavivado el conflicto entre taxistas y la plataforma VTC con la inminente entrega de 8.500 nuevas licencias a Cabify en la Comunidad de Madrid, lo que haría que el número de VTC superara al de taxis en la región.

Las nuevas licencias son resultado de diversas sentencias judiciales que favorecieron a Cabify en un proceso de solicitud iniciado en 2018, que había sido previamente rechazado. La llegada de estas autorizaciones ha encendido nuevamente las protestas de los taxistas, quienes ya han comenzado a organizar movilizaciones a lo largo del país, en defensa de su sector y contra lo que consideran una competencia desleal.