El futuro del eurodiputado y líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, se encuentra en un limbo legal mientras el Tribunal Supremo amplía su investigación por un posible caso de financiación ilegal. Esta decisión se produce tras la revelación de que Pérez recibió una donación de 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, en el contexto de la tramitación de un suplicatorio ante el Parlamento Europeo.

El magistrado Julián Sánchez Melgar, encargado de la causa, ha señalado la relevancia de la condición de eurodiputado de Pérez, lo que implica que cualquier acción judicial debe contar con el visto bueno de la Cámara. Este proceso es, sin duda, complejo y podría extenderse por varios meses, lo que lleva al Tribunal a prorrogar la investigación seis meses más, hasta el 20 de septiembre de 2025.

En una declaración voluntaria realizada el 11 de julio, Pérez reconoció haber recibido los fondos de Romillo, aunque afirmó que no se destinaron a la campaña electoral de SALF para los comicios europeos del 9 de junio de 2024. En contraste, Romillo, quien también compareció ese día, insistió en que el dinero fue entregado con la finalidad de financiar el partido.

Según las fuentes jurídicas citadas por Europa Press, Pérez defendió su postura durante su declaración, la cual duró aproximadamente una hora, respondiendo únicamente a las preguntas de su abogado y del magistrado. Él sostiene que la campaña de SALF se financió de manera legal y transparente, con un coste total inferior a 30.000 euros, motivo por el cual no reportó la suma recibida como parte de sus cuentas políticas.

Pérez detalló que la entrega de los 100.000 euros se produjo tras una charla que ofreció sobre "libertad financiera" en un evento en el Hipódromo de Madrid, y afirmó que recibió el dinero de manos de dos empleados de Romillo en un maletín negro. Además, apuntó que utilizó alrededor de la mitad del monto para gastos personales, que incluyeron viajes.

Romillo, por su parte, se mostró firme en su declaración, reiterando que el dinero no fue destinado a la campaña y señalando que algunas de las conversaciones presentadas en el expediente apuntan a un uso más relacionado con la campaña electoral. También reveló que Pérez intentó utilizar un testaferro a través de una empresa llamada Somos Libres, aunque finalmente ese pago no se realizó. Romillo agregó que esta empresa está vinculada a actividades de ocio nocturno y prostitución.

Los delitos que se investiga no solo se limitan a la financiación ilegal; también se incluyen acusaciones de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental. Este caso, que ha sido asumido por el Supremo a solicitud del juez José Luis Calama, marca un capítulo más en las múltiples controversias que rodean a Pérez, quien ya ha comparecido anteriormente por otros casos jurídicos, incluyendo la difusión de un certificado PCR falso y presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert.

Durante su última declaración, Pérez hizo referencia a la cifra recibida como notable, considerando que el pago por su intervención había sido significativo pero al mismo tiempo cuestionó la justificación de tal suma de dinero por el tiempo invertido. La situación legal del eurodiputado continuará siendo vigilada de cerca mientras se espera el desarrollo de esta intrincada trama judicial.