En un impactante fallo, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia este martes condenando a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general, a dos años de inhabilitación por su implicación en la revelación de secretos que perjudicó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La resolución señala varios indicios que apuntan a la responsabilidad de García Ortiz en una filtración mediática que tomó forma en marzo de 2024, vinculando su actuación a un caso de corrupción fiscal que involucra a González Amador.

Los magistrados emprendieron un análisis detallado a lo largo de 180 páginas, donde establecieron un "marco probatorio sólido" que sugiere que García Ortiz, o alguien de su círculo íntimo, fue el responsable de proporcionar a la 'Cadena SER' un correo crucial. Este correo, enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, proponía un acuerdo de culpabilidad para evitar una posible pena de prisión.

El tribunal argumenta que no hay explicación convincente que ponga en duda que la filtración se originó en la Fiscalía General del Estado, subrayando la inminente conexión entre la recepción de la información y su divulgación a los medios. A pesar de que algunos periodistas testificaron que habían obtenido el correo por otras vías, el tribunal sostiene que esa circunstancia no debilita las pruebas contra García Ortiz.

Entre los indicios que se tomaron en cuenta, se encuentra el acceso exclusivo que García Ortiz tuvo a documentos relacionados con González Amador. Su actividad la noche del 13 de marzo de 2024 fue marcada por una notable urgencia para recopilar correos entre los abogados del empresario y el fiscal encargado del caso, lo que culminó en un comunicado oficial emitido poco después.

En su defensa, García Ortiz alegó que su comunicado era necesario para desmentir informaciones erróneas publicadas por otros medios, אך el tribunal no se mostró convencido por esta explicación. Recordaron que su inusitada rapidez para obtener correos de su equipo, incluso interrumpiendo a un fiscal en un evento social, suscita serias dudas sobre su motivación real.

La sentencia también destaca la coincidencia temporal entre el acceso del fiscal a la información y la divulgación por parte de un periodista de la 'Cadena SER'. El tribunal documentó que el fiscal recibió el correo justo antes de que el periodista hiciera un adelanto sobre ese mismo contenido, lo que añade una capa más de sospecha a su comportamiento.

Llamó especialmente la atención que García Ortiz respondiera a un intento de llamada del periodista durante esa crucial noche. La comunicación, que duró apenas cuatro segundos, fue interpretada por el tribunal como una indicación de un posible contacto ulterior con el periodista a través de otros medios, algo que no pasó desapercibido durante la evaluación del caso.

Además, la conducta de García Ortiz en torno a la eliminación de datos de su teléfono móvil en un momento tan crítico fue vista como un intento deliberado de ocultar evidencia, con el tribunal enfatizando que su decisión de borrar la información no contaba con justificación clara.

El tribunal también tomó en cuenta las preocupaciones expresadas por sus subordinados, quienes indicaron haber detectado irregularidades en la filtración. La declaración de la fiscal superior de Madrid refirió un fuerte malestar por el proceder de García Ortiz, sugiriendo que su actuado no solo afectó su reputación, sino también la integridad de las investigaciones en curso.

En resumen, este caso lleva a la luz la compleja intersección entre política, fiscalía y medios de comunicación, resaltando la necesidad de salvaguardar la confidencialidad de los procesos judiciales y la integridad de la justicia. La condena de García Ortiz no solo marca un hito en esta trama, sino que también invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas y legales de la filtración de información sensible en el ámbito público.