El Tribunal Supremo de España está preparado para escuchar hoy las apelaciones de Carles Puigdemont y sus ex consejeros respecto a la negativa de amnistía por malversación, en un destacado encuentro que se celebrará a las 10:30 horas ante un panel de tres jueces.

Esta audiencia se origina tras la decisión del juez Pablo Llarena, quien en julio ya había desestimado la solicitud de amnistía, y planteó la posibilidad de que se considerara una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional relativa a los cargos de desobediencia que enfrentan los acusados.

La defensa de Puigdemont solicitó una revisión de esta decisión, pero el magistrado mantuvo su postura en septiembre. Como resultado, Puigdemont y sus compañeros decidieron escalar el asunto a la Sala de Apelaciones, donde demandaron una vista oral para argumentar su caso.

La presentación tendrá lugar hoy, con la participación activa de la defensa y otros actores, incluyendo a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular representada por Vox.

En este contexto, la defensa ha reiterado que la negativa de Llarena de aplicar la amnistía se basa en una interpretación muy amplia de lo que podría considerarse un "propósito de enriquecimiento" en relación a la malversación, lo que complica su defensa, según el abogado Gonzalo Boye.

Boye argumenta que el razonamiento del juez establece un estándar absurdo, sugiriendo que el mero uso de fondos en actividades políticas pudiera ser interpretado como enriquecimiento, lo que distorsiona el espíritu de la ley de amnistía.

Además, sostiene que la definición del "propósito de enriquecimiento" debería limitarse a un aumento real y directo en la riqueza personal, algo que no se aplicaría al caso de los acusados por su implicación en el referéndum de 2017.

Por otra parte, el abogado critica ejemplos utilizados por Llarena, resaltando que son inaplicables cuando se compara el uso de fondos públicos en un contexto político con la financiación de eventos privados.

Otro aspecto que la defensa considera "extravagante" es el argumento de Llarena relacionado con el posible impacto de la independencia de Cataluña en los intereses financieros de la Unión Europea. Puigdemont ha señalado que esta afirmación carece de pruebas concretas y que, en siete años, no ha habido manifestaciones oficiales de la UE al respecto.

Finalmente, la defensa insiste en que no existe una relación real entre la realización del referéndum y cualquier daño a los fondos europeos, haciendo hincapié en que ningún organismo europeo ha intervenido en estos asuntos, lo que pone en duda la validez de los argumentos presentados por el juez.