El instructor del denominado 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo ha dado respuesta a las alegaciones del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, desestimando una serie de demandas de investigación que, según él, se sustentaban en meras "conjeturas". La aclaración surge en un contexto donde Cerdán, quien se encuentra en prisión desde el 30 de junio bajo sospecha de liderar una trama de corrupción, había solicitado su libertad en base a su interpretación de las pesquisas en curso.

En el auto accesible a Europa Press, el magistrado Leopoldo Puente reitera que no se está realizando ninguna indagación encubierta sobre aforados, siendo exclusivamente las pesquisas relacionadas con el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y un informe sobre las comunicaciones del presunto intermediario de la trama, Víctor de Aldama, las que le conciernen. Esto aclara que la preocupación de Cerdán sobre una supuesta investigación más amplia es infundada.

El magistrado señala que la defensa de Cerdán presume incorrectamente que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estaba indagando a miembros del Congreso sin autorización del Supremo. Cerdán solicitó que se identificara a estos individuos y que se informara al Parlamento, pero Puente desestima esta noción, confirmando que el auto de febrero no ordenó ninguna investigación sobre estas figuras, sino que solo intentaba verificar si existían comunicaciones relevantes en los dispositivos de De Aldama.

En sus declaraciones, Puente expresa con firmeza que ningún parlamentario ha sido inculpado en el caso, a excepción de Ábalos, para quien se solicitó el pertinente suplicatorio. Rechaza así las insinuaciones de complot o victimización que Cerdán ha esbozado, sugiriendo que lo que propone son teorías sin fundamento que desvían la atención de la realidad de los hechos.

Además, señala que Cerdán ha utilizado "imprecisas" especulaciones para reforzar su defensa, insinuando que su actividad política ha desatado un ataque en su contra vinculado a las acciones de fuerzas de seguridad. Sin embargo, el magistrado aclara que no hay evidencias que respalden la existencia de esta supuesta conspiración, argumentando que tales afirmaciones no se sustentan en pruebas concretas.

Puente enfatiza que algunas de las diligencias que la defensa ha propuesto, tales como la indagación sobre un chat interno de la Guardia Civil, no guardan relación con los hechos en cuestión y solo causarían demoras innecesarias. También deja claro que ya se ha tomado la iniciativa de verificar la autenticidad de las grabaciones encontradas en los dispositivos ligados a Koldo, ante una posible manipulación de los audios.

El magistrado también revela que, si bien Cerdán parece tener un interés particular en Villalba, un comandante de la Guardia Civil imputado, las acciones de este individuo son ajenas a las investigaciones que se llevan a cabo en el Tribunal Supremo respecto al ex dirigente del PSOE. Esto señala una distancia significativa entre el caso de Cerdán y los asuntos que involucran a Villalba, evidenciando la falta de conexión entre ambas situaciones.

Por otro lado, Puente menciona que no se apresurará a la UCO para obtener el informe patrimonial de Cerdán, puesto que el número de funcionarios en la indagación es limitado y el caso es intrínsecamente complejo. El magistrado observa que la elaboración de este informe no es el único objetivo de la investigación, que implica la vinculación y comprobación de varios elementos.

Finalmente, el magistrado critica a algunos investigados que, a pesar de quejarse de lo que consideran 'juicios paralelos' en los medios, han buscado protagonismo a través de entrevistas, destacando la contradicción de su postura respecto a la situación legal en la que se encuentran. Puente concluye que dicha conducta no contribuye a la validación de su defensa y puede desvirtuar el proceso judicial en marcha.