La situación del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha tomado un rumbo alarmante, ya que se han identificado indicios significativos de su posible implicación en una serie de delitos graves. De acuerdo con la información revelada, el instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha decidido formalizar una solicitud de suplicatorio al Congreso, lo que podría resultar en la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Ábalos. Este paso se toma en virtud de la existencia de pruebas que apuntan a la comisión de hasta cuatro delitos, que incluyen integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Puedes sentir la gravedad del momento, ya que Puente ha enfatizado que ha llegado a un punto en su investigación donde los indicios cualificados de la posible participación de Ábalos son lo suficientemente contundentes como para justificar la solicitud de permiso al Congreso. Esta autorización es crucial para avanzar en el proceso legal, y será tramitada a través de una exposición razonada que se enviará al presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, quien tiene la responsabilidad de gestionar el procedimiento correspondiente.

En un auto que ha sido divulgado por Europa Press, el magistrado detalla que esta decisión surge tras haber tomado declaración a diversas personas relevantes en la investigación. Entre estos se encuentran Ábalos, su ex asesor, y el conocido empresario Víctor de Aldama, quien supuestamente ha estado al centro de la trama. La información obtenida de estas declaraciones, sumada a la documentación presentada y a los resultados de las intervenciones telefónicas y registros realizados por la Audiencia Nacional, ha llevado a esta crucial determinación.

Puente subraya que existen elementos más que suficientes para considerar que Ábalos, aprovechando su posición como ministro, actuó de manera que le permitió recibir beneficios económicos a cambio de favorecer la adjudicación de contratos públicos durante la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. En particular, estos contratos se centran en la adquisición urgente de material sanitario, lo que subraya la gravedad de su potencial conducta delictiva en un momento crítico para la salud pública.

La investigación revela que De Aldama, construyendo sobre su relación con Ábalos y otra persona implicada, 'Koldo', logró obtener información prioritaria sobre las necesidades urgentes del sector sanitario, lo que le permitió presentar ofertas competitivas para la adjudicación de contratos de suministro. Esta estrategia, según Puente, no se limitó solo a un contrato, sino que podría haberle permitido a De Aldama facilitar múltiples acuerdos entre empresas privadas y la administración pública.

Específicamente, el auto detalla cómo Koldo tuvo un papel activo en la gestión de la contratación, mientras que se dedicaba a ocultar las ganancias obtenidas a partir de estas operaciones. A su vez, Ábalos también estuvo involucrado directamente, utilizando a su asesor y, presuntamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos derivados de estas actuaciones.

En su declaración del 12 de diciembre, Ábalos desmintió haber recibido alguna compensación económica a raíz de la adjudicación de contratos para el abastecimiento de materiales en el contexto de la pandemia. Sin embargo, este alegato contrasta con los indicios presentados hasta el momento y los diferentes documentos que respaldan estas acusaciones dentro del marco de la investigación en curso.

Además, el instructor considera que hay elementos que justifican de manera preliminar que Ábalos pudo haberse beneficiado económicamente de diversos alquileres, incluyendo una vivienda perteneciente a su expareja. También se menciona la posibilidad de un acuerdo que le permitiría alquilar con opción de compra un chalet en la costa, así como un lujoso piso en el Paseo de la Castellana, cuyo precio de venta aparente era notablemente inferior al del mercado en ese momento.

Como resultado de todos estos hallazgos, Puente está preparando una exposición razonada que será dirigida al presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, con el fin de solicitar formalmente el suplicatorio al Congreso de los Diputados. Este procedimiento requiere la aprobación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo antes de ser presentado a la presidenta del Congreso, lo que reafirma la seriedad de las acusaciones y la necesidad de un escrutinio judicial exhaustivo.