En un desarrollo impactante, el magistrado del Tribunal Supremo ha identificado a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, como el principal responsable de la distribución de presuntas mordidas entre constructoras. La reciente decisión de enviar a Cerdán a prisión ha generado un amplio eco mediático y político.

Según el juez, más individuos, tanto a nivel personal como institucional, podrían estar involucrados en esta red de corrupción que ya tiene como nombres destacados al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Se estima que el total de beneficios ilegales acumulados asciende a cerca de 5 millones de euros, lo que plantea serias dudas sobre la integridad del proceso de adjudicación de obras públicas.

El auto judicial revela que el magistrado Leopoldo Puente ha decidido enviar a Cerdán a prisión de manera provisional y sin opción de fianza, al considerarlo el encargado de exigir a las constructoras los pagos de estas adjudicaciones, las cuales habrían sido asignadas de forma irregular. El juez subraya que la magnitud del beneficio que se presume que Ábalos y García podrían haber recibido es notablemente menor en comparación con lo que es habitual en este tipo de delitos.

El magistrado indica que, en caso de que el monto correspondiente a los pagos ilegales hubiera sido un porcentaje bajo, como el 1% del valor total de las obras, el total podría haber superado los cinco millones de euros. Ese cálculo demuestra la posible existencia de un esquema mucho más amplio de corrupción que involucra a más actores.

Pese a que los indicios apuntan a Cerdán como un núcleo en esta trama, el juez menciona que no se puede descartar la participación de otros individuos y entidades. Esto abre la puerta a una investigación más exhaustiva sobre la red de corrupción que podría estar operando en el ámbito de la obra pública.

El magistrado también expone que las cifras relacionadas con las obras adjudicadas a Acciona Construcción superan los 537 millones de euros. En este contexto, se estima que Ábalos y García recibieron un pago ilegal de aproximadamente 550.000 euros, y que quedan por conseguir otros 450.000 de los cuales al menos 70.000 podrían haber sido destinados a otros fines.

El instructor hace hincapié en que la posición de Cerdán dentro de esta organización no es solo de coordinación, sino que también podría haber obtenido beneficios económicos personales. Cita su relación jerárquica con los otros investigados como un factor que respalda esa afirmación. Este aspecto crucial pone en tela de juicio la idea de que Cerdán actuara sin ningún interés particular.

Además, el magistrado sugiere que Cerdán tenía un conocimiento profundo sobre los pagos irregulares y el mecanismo utilizado para realizar estos pagos, lo que anunciaba un claro riesgo de que, de permanecer en libertad, pudiera obstruir la búsqueda de pruebas en la investigación.

A pesar de las serias acusaciones, Cerdán ha rechazado cualquier implicación en la trama y ha catalogado la situación como parte de una cacería política en su contra, argumentando que lo acusan por haber sido un pilar de los gobiernos progresistas.

Durante la reciente audiencia para la imposición de medidas cautelares, Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, solicitó su encarcelamiento sin opción de fianza, señalando que Cerdán ejerce un papel central dentro de la organización criminal que se investiga.