En Madrid, el próximo miércoles se producirá la caducidad del mandato de Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del Tribunal Constitucional (TC), junto a otros tres magistrados, entre los que se encuentran la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores José María Macías y Ricardo Enríquez. A pesar de esta vacante inminente, la renovación de estos cargos no parece estar a la vista, debido a la carencia de incentivos tanto en el PP como en el PSOE para llegar a un acuerdo sobre quienes serán sus sucesores, lo que sugiere un futuro bloqueado para el TC, según han señalado diversas fuentes a Europa Press.

Los mencionados magistrados son parte de los doce que conforman el Tribunal Constitucional, y su designación es responsabilidad del Senado. Este último debe iniciar el proceso de renovación reclutando a los parlamentos autonómicos para que presenten candidaturas. Sin embargo, desde finales de agosto, cuando Conde-Pumpido hizo llegar una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), en la que se puso en marcha el protocolo para buscar consensos sobre la nueva composición del TC, no ha habido avances significativos.

La Cámara Alta sigue sin actuar y, aunque tiene la posibilidad de hacerlo en cualquier momento, la proximidad de elecciones en Extremadura, que se celebrarán el 21 de diciembre, podría añadir un nuevo retraso. Además, el primer semestre de 2026 se perfila como un período electoral activo con citas en Aragón, Castilla y León y Andalucía, lo que podría complicar aún más la situación.

No solo los plazos electorales están en la mira, sino que analistas políticos están apuntando a una "crisis institucional profunda" que parece hacer imposible un entendimiento entre el PP y el PSOE, instituciones que tradicionalmente han governado el país. Algunas voces sugieren que un acuerdo entre ambos partidos podría perjudicar gravemente al PP en su competencia electoral con Vox, especialmente en un contexto donde se libra un cerco judicial sobre la familia del presidente Sánchez y el propio PSOE.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha expresado en las últimas semanas su firme creencia de que en este momento no es posible "negociar nada" con el Gobierno de Sánchez. En respuesta, Felix Bolaños, ministro de Presidencia, ha instado al PP a establecer un "día y hora" para iniciar las conversaciones sobre los nombramientos, subrayando que es una obligación que emana de la Constitución.

Sin embargo, las fuentes que han sido consultadas sugieren que no hay una verdadera voluntad de diálogo. En este contexto, el PP se siente fuerte y podría estar buscando asegurar un acuerdo que limite la actual mayoría progresista del TC. En la actualidad, de los 12 magistrados, 7 son progresistas, liderados por Conde-Pumpido, mientras que 5 son conservadores. Cualquier renovación que mantenga estos términos conservaría la complicada balanza de poderes existente.

Un cambio en la dirección del TC que inclinara la balanza hacia el conservadurismo podría ser el objetivo del PP, quien tiene la esperanza de que los próximos procesos electorales les otorguen el control necesario para lograr este propósito una vez sean nombrados los nuevos magistrados.

En caso de que el PP optara por unirse a conversaciones ahora, se especula que buscarán aumentar su representación conservadora, lo cual podría conducir a un incremento en las recusaciones que, debido a la ley de amnistía, ya ha alcanzado cifras récord en el TC.

Ante este panorama, se prevé que la renovación del Tribunal Constitucional experimente "retrasos prolongados", lo que significará que los futuros magistrados asumirán su función con un tiempo limitado, siendo necesario descontar los períodos de vacío que existan entre el 17 de diciembre y el momento en que se efectúe la renovación.

A pesar de este bloqueo, los actuales magistrados podrán continuar en funciones interinas cuando su mandato expire, lo que permitirá que se mantenga la actual proporción de 7 a 5 en el tribunal. Históricamente, durante períodos de interinidad, la actividad del Tribunal se limita a resolver casos ordinarios, como se observó en la administración del anterior presidente, Pedro González-Trevijano.

Con la amnistía ya validada por el TC en junio, el principal tema pendiente en la agenda del Tribunal es la consideración de los recursos presentados por los condenados y prófugos del referéndum del 1-O, como el expresidente catalán Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras, quienes buscan que se revise la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarles la amnistía por malversación en el contexto del 'procés'.