El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) ha dejado en una situación complicada a la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado. El organismo ha decidido no admitir los recursos que ella presentó en relación con la anulación de su nombramiento como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, un cargo que actualmente ocupa.

El TC ha comunicado que el Pleno no dará trámite a las tres solicitudes de amparo que Delgado interpuso tras las decisiones del Tribunal Supremo (TS) de los meses de mayo y junio de 2024. Este movimiento ha generado un intenso debate sobre la interpretación del alcance de la justicia en cuestiones de derechos humanos y memoria histórica.

Los magistrados del TC argumentan que los recursos de amparo consideraron que no presentan una "especial trascendencia constitucional". Este cambio de postura es notable, sobre todo si se le compara con la decisión anterior del TC en enero, cuando aceptaron estudiar el recurso de Delgado sobre su previa designación como fiscal de la Sala de lo Militar del TS, ya que creyeron que existía una "desviación de poder" en la actuación de Álvaro García Ortiz, el actual fiscal general del Estado.

En este contexto, es relevante mencionar que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, se ha abstenido de participar en las deliberaciones sobre estos recursos de amparo. Su decisión se basa en el hecho de que, en su momento, ocupó el puesto de fiscal general del Estado, lo que lo convierte en un actor con una relación jerárquica directa con ambos casos, incluido el de Delgado.