BRUSELAS, 14 de mayo. El Tribunal General de la Unión Europea ha tomado una decisión trascendental al anular la negativa de la Comisión Europea que impedía a una periodista acceder a los mensajes de texto intercambiados entre Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, y Albert Bourla, CEO de Pfizer, durante las negociaciones de contratación de vacunas contra la COVID-19.

En un fallo que abre la puerta a la transparencia, el tribunal ha señalado que los argumentos presentados por Bruselas para justificar la falta de entrega de dichos documentos no resultaron convincentes. La periodista Martina Stevi, del 'The New York Times', había solicitado esta información para esclarecer el contenido de la comunicación entre ambos líderes en momentos cruciales de la pandemia.

El alto mandatario europeo ha criticado la respuesta del Ejecutivo comunitario, que se basó en "suposiciones y datos imprecisos". En contraste, Stevi presentó pruebas robustas que respaldan la existencia de estos intercambios, subrayando su relevancia dentro del proceso de compra de vacunas llevado a cabo por la Unión Europea durante la crisis sanitaria.

Este deseo de acceso a la información se remonta a 2023, cuando el diario presentó su caso ante las instancias judiciales de la UE tras la negativa inicial de las autoridades. La controversia surgió en un contexto en el que Von der Leyen y Bourla estaban negociando la adquisición de dosis de vacuna en los primeros compases de la pandemia.

A pesar de que Bourla había mencionado la existencia de estos mensajes en una entrevista en 2021, la Comisión había negado inicialmente su existencia y luego argumentó que su contenido no era significativo, afirmando además que habían sido eliminados y, por lo tanto, no podían ser compartidos.

En 2022, la Defensora del Pueblo de la UE había instado al Ejecutivo a divulgar el contenido de estos mensajes, apelando a las normas de transparencia aplicables a la Comisión. Subrayó que la relevancia de la información no depende de su formato, lo que pone en entredicho el argumento de que los mensajes de texto podrían ser considerados menos significativos que otros tipos de documentos.

Antes de la sentencia, las fuentes dentro de la Comisión intentaron justificar la eliminación de estos mensajes al afirmar que las conversaciones efímeras no se archivan y que solo la información "importante" debe ser registrada. Sin embargo, evitaron responder si otras personas habían tenido acceso a los textos antes de su eliminación o si aún existen en algún formato.