En Madrid, el 27 de enero, se ha producido una nueva decisión del Tribunal Constitucional que marca un hito en el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. La corte ha decidido no levantar las órdenes nacionales de detención contra ellos, las cuales están relacionadas con el proceso independentista en Cataluña, conocido como el 'procés'.

Este martes, el Pleno del Tribunal Constitucional se reunió para discutir una solicitud de medida cautelarísima presentada por Puigdemont y sus allegados, quienes buscaban la suspensión de las órdenes de arresto vigentes.

En un pronunciamiento contundente, Puigdemont argumenta que la interpretación reciente del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía ha sido excesiva y restrictiva, lo que, según él, pone de manifiesto una resistencia judicial a aplicar dicha normativa de manera justa.

El expresidente catalán argumentó que levantar la orden de detención es crucial no solo para garantizar su derecho a apelar ante el Tribunal Constitucional, sino también para salvaguardar su derecho fundamental a la libertad. Este derecho, según su declaración, se ve amenazado ya que afecta su capacidad de moverse libremente por Europa y de participar políticamente como parlamentario electo.

Estas decisiones legales y su contexto subrayan la tensión continua en torno a la independencia de Cataluña y el papel que juega la judicatura en este proceso, evidenciando las complejidades políticas y sociales que siguen afectando la región.