El Tribunal Supremo ha decidido aceptar a trámite la demanda civil interpuesta por Alberto González Amador, compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en contra de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta acción legal se fundamenta en una supuesta intromisión ilegítima en el derecho al honor de González Amador, en respuesta a unas declaraciones realizadas el 12 de marzo durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

De acuerdo con un auto al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sala de lo Civil del alto tribunal se han manifestado sobre este tema. La demanda fue presentada por la vía civil tras la anulación, el 2 de octubre, del intento de conciliación que González Amador había solicitado, donde instaba a la ministra a retractarse de sus afirmaciones. Sin embargo, la ministra no se presentó en dicho acto, lo que llevó a la vía legal a ser la única opción disponible para el demandante.

La controversia se origina a partir de unas declaraciones hechas por Montero, en las que cuestionaba públicamente a la presidenta madrileña sobre su supuesto arrendamiento de un apartamento que, según afirmó, fue financiado mediante un fraude a la Hacienda Pública. La ministra también hizo alusión a la situación de la pandemia, sugiriendo que esos fondos provienen de comisiones relacionadas con la venta de mascarillas en momentos críticos de la crisis sanitaria.

Montero, además, enfatizó lo "llamativo" que le resulta que Ayuso tenga tanto un hermano como una pareja que, a su juicio, están implicados en casos presuntamente fraudulentos, ya sea en relación con mascarillas u otras irregularidades financieras. En este sentido, la ministra instó a Ayuso a "hacerse mirar" esta situación y la invitó a ofrecer explicaciones de forma "normal", recordando que suele ser bastante rápida en responder a otras cuestiones. "¿Por qué no da respuestas a este tema?”, insistió Montero.

La reacción de la vicepresidenta se enmarca en un contexto más amplio donde se ha revelado información, a través de 'elDiario.es', sobre una denuncia realizada por la Fiscalía en la que se investiga a la pareja de Ayuso por un posible fraude fiscal que supera los 350.000 euros. Este caso ya está bajo la jurisdicción del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, lo que añade un nivel de complejidad a la situación legal que enfrenta González Amador.