La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó un extensa operación en la vivienda del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Valencia. Esta actividad se llevó a cabo tras más de nueve horas de búsqueda, en las que los agentes aseguraron memorias digitales y clonaron el contenido de su teléfono móvil, como parte de las investigaciones relacionadas con supuestos beneficios económicos indebidos en la adjudicación de obras públicas.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, autorizó el registro tras recibir un informe que sugiere que Ábalos podría haber estado implicado en la gestión de contratos públicos a favor de ciertas empresas, a cambio de compensaciones financieras. Según el auto al que tuvo acceso Europa Press, este tipo de participación podría constituir un delito de cohecho y asociación ilícita.

El informe en cuestión detalla varias obras que podrían haber sido adjudicadas de forma irregular con la complicidad del ex ministro. Puente subraya la solidez de los indicios presentados en el documento y se justifica la necesidad de la intervención en el domicilio del ex responsable político debido a la gravedad de los presuntos delitos investigados.

En el contexto de esta pesquisa, los agentes de la UCO comenzaron el registro en la mañana del martes, y se prolongó hasta la tarde, durante la cual se incautaron varios dispositivos electrónicos del ex ministro. Las operaciones tienen como objetivo reunir pruebas para determinar los hechos relacionados con las sospechas de corrupción.

Al finalizar el registro, Ábalos comentó que los agentes no tomaron más que algunas memorias digitales, lo que refleja una atención específica por la información contenida en su móvil. A pesar de la situación, el ex ministro se mostró tranquilo, asegurando que confía en que su privacidad será respetada y que su teléfono no contiene actividad significativa reciente.

A pesar de las acusaciones, Ábalos se ha defendido públicamente, señalando que la UCO ha llevado a cabo investigaciones ilegales y manteniendo que no hay pruebas contundentes en su contra. El ex ministro se comprometió a seguir defendiendo su inocencia a medida que avanza este complejo caso.

El asunto se intensificó en abril pasado, cuando Puente instruyó a la UCO a investigar más a fondo las adjudicaciones que habían sido señaladas por Víctor de Aldama, un presunto intermediario en la trama. Este proceso busca esclarecer el origen y la legalidad de varios contratos de obra pública que podrían haber sido manipulados en beneficio de ciertas empresas vinculadas al caso.