En el contexto de un escándalo de presunta corrupción que ha captado la atención del país, el instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, comenzará este viernes una serie de interrogatorios a varios empresarios implicados en el caso. Las declaraciones se centran en dinero supuestamente destinado a influir en la concesión de obras públicas a cambio de beneficios económicos a altos funcionarios del PSOE, incluyendo al ex secretario de Organización, Santos Cerdán, y al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

La jornada de este viernes dará inicio a las 10:00 horas con la comparecencia de José Ruz, un empresario vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción, y de los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, quienes representan a Obras Públicas y Regadíos. El lunes, será el turno de Antxón Alonso, el administrador único de Servinabar, y Fernando Merino, un exdirectivo de Acciona.

El magistrado le atribuyó a estos empresarios roles clave en la sospechada adjudicación irregular de obras públicas, en las cuales se habrían realizado pagos a Ábalos, cuya posición como aforado permite que el Tribunal Supremo, junto con la Audiencia Nacional, lleve a cabo esta investigación profunda.

Para avanzar en el caso, Puente ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recopile información sobre las cuentas bancarias y otros activos de los cinco empresarios involucrados, así como de sus respectivas empresas.

El foco de la investigación se intensificó tras un informe de la UCO que sugiere una trama de corrupción en la que los protagonistas son Cerdán, Ábalos y Koldo García, este último un exasesor que grabó conversaciones relevantes entre 2019 y 2023, lo que ha sido fundamental para el avance del caso.

El informe destaca a José Ruz como un vínculo constante de los principales investigados, lo que lo posiciona en el centro de la red de contactos que presuntamente conspiraron para favorecer a ciertas empresas. Ruz ya había declarado anteriormente, negando implicaciones ilegales pero admitiendo haber contactado a De Aldama para resolver una deuda.

Las investigaciones revelaron comunicaciones que comenzaron con un email de Ruz a Koldo en 2019, donde se presentó como un constructor interesado en reunirse. La relación entre ambos creció, al punto de que Koldo pidió a Ruz que mantuviera su comunicación en secreto, utilizando códigos para referirse a sus interacciones.

Las autoridades han documentado que Koldo facilitó medios seguros para que Ruz pudiera comunicarse sin ser detectado, sugiriendo que el mismo entorno de la Guardia Civil estaba permeado en estas acciones. La UCO también ha identificado que Ruz llegó a organizar reuniones con Ábalos, consolidando así su influencia sobre el ministro y su asesor.

La UCO ha señalado que Ruz no solo tiene vínculos con Koldo, sino que también ha mantenido una relación más personal con Ábalos, lo que lo lleva a intervenir en múltiples negociaciones en favor de LIC. Además, se han registrado actividades en las que se solicitaban favores específicos para acelerar proyectos ya adjudicados.

Las evidencias sugieren que Koldo no sólo jugó un papel vital en la obtención de contratos, sino que siguió en contacto con ecosistemas de poder en el Ministerio, buscando asegurar la continuación de los intereses de sus asociados aun después de su salida del cargo.

En cuanto a los hermanos Fernández Menéndez, se ha indicado que fue Merino quien los conectó con Koldo, lo que llevó a la apertura de nuevas oportunidades dentro del Ministerio de Transportes. La UCO ha descubierto tratos que apuntan a una posible manipulación en la adjudicación de contratos cuyo valor total ascendía a millones, lo que pone de relieve la magnitud de esta red de corrupción.

A medida que se desentrañan más detalles, las quejas sobre la falta de transparencia en los procesos de licitación son cada vez más frecuentes entre los implicados, quienes incluso discutieron la posibilidad de tomar acciones personales para lograr mejores posiciones en las adjudicaciones. Este caso ha desatado una oleada de preocupación sobre la ética en la administración pública y la necesidad de reformas urgentes para recuperar la confianza de los ciudadanos.