El Tribunal Supremo ha tomado importantes medidas en relación con el 'caso Koldo', poniendo en el centro del escrutinio a destacados empresarios implicados en la supuesta corrupción relacionada con la adjudicación de contratos públicos.

El juez Leopoldo Puente, encargado de la investigación, ha determinado que José Ruz, asociado a Levantina Ingeniería y Construcción, así como los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez de Obras Públicas y Regadíos, deberán presentarse de manera quincenal ante el tribunal. Esta decisión se enmarca dentro de una investigación por presuntas irregularidades en contratos públicos que podrían implicar sobornos a funcionarios.

Además de las comparecencias, se ha decidido que Ruz no podrá salir del país y deberá entregar su pasaporte, tal como solicitó la Fiscalía Anticorrupción. Esta medida busca asegurar su presencia en futuras audiencias mientras avanza la investigación.

Según informes, durante su declaración reciente, Ruz admitió haber mantenido múltiples reuniones con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, aunque no ofreció detalles sobre los temas discutidos en estos encuentros.

Se revela que en marzo de 2022, Ruz contactó a Koldo García, un asesor ministerial, instándolo a hablar con Santos Cerdán, conocido como 'El Navarro', para tratar ciertos asuntos que él catalogó como "heridos inocentes". Este término, según se entiende, hacía referencia a cuestiones relacionadas con el entorno político.

El propio Ruz ha confirmado que 'El Navarro' se refiere a Cerdán y que el término "ganadería" era una metáfora para referirse a los partidos políticos, concretamente al PSOE. Sin embargo, no ha aclarado si finalmente se encontró con Cerdán después de esa conversación.

El juez Puente ha indicado que Ruz desempeña un papel crucial en esta investigación, siendo una figura interconectada con otros investigados clave del caso, lo que evidencia la complejidad de las relaciones involucradas.

Se recuerda que Ruz había testificado en febrero ante el Tribunal Supremo, donde negó haber participado en actividades ilícitas, aunque sí admitió haber recurrido a De Aldama para resolver una deuda financiera.

Este viernes, Ruz también se defendió ante preguntas de la Fiscalía, refiriéndose a Koldo García y aclarando que no estaba en nómina de su empresa. En su declaración, dejó claro que García fue contratado no por Levantina, sino por otra compañía, designándolo para tareas de seguridad en sus obras.

Un informe de la Guardia Civil levantó sospechas sobre pagos mensuales de más de 2.600 euros a Koldo García, cuya contratación parece haber sido un intento de encubrir pagos a cambio de favores en la adjudicación de contratos.

Además, Ruz mencionó que García le proporcionó un teléfono para comunicarse de forma segura, con una clave específica para iniciar sus conversaciones, lo que refuerza la idea de que se estaban llevando a cabo tratos discretos.

Por otro lado, Daniel Fernández Menéndez ha proporcionado información que involucra la contratación de la exesposa de Koldo, reiterando que actuó como intermediario para conseguirle un empleo, pero desconociendo el resultado final de la contratación.

La Fiscalía ha propuesto que se le retire el pasaporte a Ruz y que se mantenga la obligación de comparecer ante el tribunal, mientras que para los hermanos Fernández solo se ha solicitado que se presenten ante el juez.

Estas declaraciones son solo el comienzo de una serie de comparecencias que se llevarán a cabo en los próximos días, donde más empresarios serán llamados a responder sobre su supuesta participación en esta red de corrupción que ha ensombrecido el panorama político español.

El lunes, otros dos empresarios, Antxón Alonso y Fernando Merino, deberán rendir cuentas ante el magistrado, evidenciando la amplitud de la investigación en marcha.