El Ministerio de Consumo ha iniciado procedimientos sancionadores contra varias entidades que otorgan créditos al consumo, incumpliendo los deberes legales mínimos de información a los solicitantes. Dichas infracciones podrían ser consideradas como muy graves y serían penalizadas con multas de hasta un millón de euros, según ha informado el Departamento liderado por Alberto Garzón. Algunos de estos expedientes se han iniciado tras la intervención del Banco de España.

Tras llevar a cabo una exhaustiva investigación, el Ministerio ha detectado la existencia de "prácticas comerciales desleales, e incluso abusivas" en la oferta de créditos al consumo. Se ha determinado que las personas que buscan acceder a este tipo de préstamos suelen encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica, por lo que la falta de transparencia en las condiciones o su imposición unilateral por parte de las entidades prestatarias agrava aún más su situación.

La normativa en materia de consumo establece que las personas vulnerables tienen derecho a una "atención especial". En base a esto, el Ministerio de Consumo podría imponer multas de hasta un millón de euros por infracciones consideradas como muy graves.

En este momento se ha iniciado un período para la instrucción del expediente definitivo y la resolución correspondiente por parte de los órganos competentes del Ministerio de Consumo.

Es importante destacar que la falta de información y transparencia al otorgar este tipo de créditos, así como la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas, pueden constituir una infracción de acuerdo con el artículo 47.1 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

El Ministerio también recuerda que no es legal incluir cláusulas abusivas en los contratos, enviar o suministrar bienes o servicios no solicitados (con la intención de cobrar por ellos) o utilizar técnicas de comunicación que requieran el consentimiento expreso previo o la falta de oposición del consumidor, ya que esto puede tener graves consecuencias para la persona consumidora.