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ERC demanda al Gobierno acciones para resolver la "saturación" en el sistema de citas administrativas.

ERC demanda al Gobierno acciones para resolver la

La formación política Esquerra Republicana ha dado un paso importante al registrar una propuesta en el Congreso para reclamar al Gobierno español la implementación de medidas urgentes que aborden la crítica situación de saturación del sistema de cita previa. Este problema afecta de manera particular a áreas fundamentales como la extranjería, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y las comisarías de policía, lo que obliga a miles de personas a estar en un constante intento de acceder a una cita.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, la iniciativa será debatida en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Seguridad Social y Migraciones, liderada por el portavoz de ERC en esta materia, Jordi Salvador. El registro de esta propuesta responde a las quejas expresadas por los usuarios, quienes han visto cómo sus derechos se ven vulnerados por la ineficiencia de estos servicios.

Desde ERC han puesto de manifiesto que la presión sobre estos servicios, sumada a la falta de personal y recursos, está creando un entorno donde los derechos de los ciudadanos no pueden ejercerse adecuadamente. En particular, destacan que esta situación impacta gravemente a aquellos que requieren atención presencial para trámites esenciales, como la obtención de tarjetas de identidad de extranjeros (TIE), el registro de huellas dactilares y la gestión de prestaciones por desempleo.

La dificultad para acceder a una cita previa se ha convertido en una odisea. Según explican, conseguir una cita es "prácticamente imposible" y en muchos casos la opción de agendar una cita ni siquiera está disponible ni en línea ni por teléfono. Además, insisten en que las personas no están obligadas a realizar sus gestiones de manera electrónica, a diferencia de otros colectivos que sí están sujetos a estas exigencias.

El diputado también denuncia que en el ámbito de la extranjería la situación se ha vuelto insostenible desde que la Secretaría de Estado de Migraciones eliminó en enero la posibilidad de presentar solicitudes directamente en los registros de la Administración General del Estado o en las oficinas de Correos, dejando a los usuarios con pocas opciones viables.

Los ciudadanos se enfrentan diariamente a enormes dificultades para obtener una cita en un sistema que, supuestamente, abre cada lunes a las 9 de la mañana en las oficinas de extranjería. Sin embargo, la oferta de citas presenciales es tan escasa que F. según el diputado, esto afecta directamente a cualquier trámite en el sector de la extranjería.

La situación en el SEPE no es diferente; la información proporcionada en las oficinas indica que las citas se habilitan a las 00:00h, distribuyéndose según la disponibilidad de recursos en ese momento. Sin embargo, los responsables apuntan que estas citas son insuficientes para cubrir la demanda real.

Ante estas circunstancias, Esquerra Republicana ha exigido al Gobierno que aumente la disponibilidad de citas previas para todos los servicios públicos esenciales, insistiendo en que deben ser accesibles en un "plazo razonable". Además, solicitan que se amplíen las plantillas de los servicios que actualmente se encuentra desbordados, proponiendo que al menos el 90% de los puestos estén ocupados para atender a la demanda existente.

La formación también propone la creación de un sistema de reserva de citas automático que evite saturaciones y facilite el proceso de programación, así como la implementación de un plan que mejore la eficiencia y automatización del sistema de ayudas previas, que incluya mecanismos para la asignación automática de citas tras la obtención de resoluciones favorables, eliminando así la necesidad de gestiones manuales.

Por último, Esquerra Republicana enfatiza la urgente necesidad de garantizar la accesibilidad universal del sistema de citas previas, considerando las barreras digitales y socioeconómicas que enfrentan muchos usuarios. Es vital implementar medidas específicas para aquellos en situaciones de vulnerabilidad, y aseguran que, para cumplir con la ley, todos los usuarios de la administración pública deben ser tratados "con respeto".