Un reciente estudio revela que España se ha consolidado como el principal exportador de gas fósil de Nigeria durante 2023, convirtiéndose así en un actor clave en los problemas sociales y ambientales generados por esta industria en el continente africano. Esta información fue presentada el día de ayer por la red Gas No Es Solución, que incluye miembros de Ecologistas en Acción y Connected Advocacy.

La portavoz de Ecologistas en Acción, Sofía Fernández, indicó que el uso de gas fósil en España ha tenido efectos devastadores en el ecosistema del Delta del Níger, y subrayó la importancia de responsabilizar a las empresas que participan en estas actividades con la premisa de 'quien contamina, paga'.

Nigeria alberga uno de los sistemas de gas más extensos de África y está en proceso de desarrollar nuevas infraestructuras, incluyendo gasoductos como el Trans-Sahara, Nigeria-Libia, y Nigeria-Marruecos, que buscan abastecer a varios países hasta llegar a España.

Sin embargo, el informe destaca que una proporción significativa del gas producido en Nigeria se destina a la exportación, mientras que un alarmante 30% de la población local sigue sin acceso a la electricidad. Esta situación no solo acentúa las desigualdades existentes, incluidas las de género, sino que también afecta a comunidades del Delta del Níger, que llevan décadas lidiando con la contaminación del aire y el agua, la degradación agrícola y la pérdida de sus medios de vida tradicionales.

El estudio también hace hincapié en los peligros asociados a la quema de gas, una práctica que presenta un "riesgo significativo" para la salud de las personas en las áreas afectadas. Además, las nuevas infraestructuras gasísticas que están proyectadas podrían desviar recursos de desarrollo nacional y potencialmente llevar al país a una crisis de deuda, dado que ya destina más del 37% de su presupuesto al pago de deudas externas.

Los ecologistas critican el papel de diversas empresas extranjeras, entre ellas Santander, Shell, Chevron, ExxonMobil, Eni, Total y Equinor, acusándolas de obtener beneficios en detrimento de las comunidades nigerianas. Las organizaciones involucradas en el estudio sostienen que este modelo extractivo impuesto sobre el Sur Global mantiene un patrón histórico de explotación de recursos, marcado por violaciones de derechos humanos y una falta de respeto por el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).