En Madrid, el 4 de noviembre, las coordinadoras de las plataformas que representan a estudiantes y trabajadores de las universidades públicas de la Comunidad han anunciado una huelga programada para los días 26 y 27 de noviembre. Esta acción se convoca en respuesta a lo que consideran una "asfixia" económica que enfrentan las instituciones educativas, exigiendo así una "financiación adecuada" que garantice servicios públicos de calidad en el ámbito universitario.

Este colectivo ha denunciado, a través de un decálogo, los diferentes "ataques" que ha recibido la educación universitaria por parte del Gobierno regional. Resaltan que el Ejecutivo se está desentendiendo de una parte significativa de la financiación, comprometiéndose a aportar solo el 70% de los fondos, lo que sitúa a las universidades en una posición de vulnerabilidad. Además, critican un mecanismo de financiación que, según ellos, afecta negativamente a la educación y la investigación pública, incrementando la dependencia del capital privado y los costos de matrícula para los estudiantes.

Los representantes de esta plataforma también están preocupados por la orientación empresaria que ha tomado la universidad pública en la región. Alertan sobre la falta de regulaciones que impidan el lucro con la educación superior y dan cuenta de un incremento de la privatización en este ámbito. Asimismo, mencionan el "parasitismo" de las universidades privadas sobre sus homólogas públicas y una creciente carga burocrática que afecta a la comunidad académica.

La nueva ley universitaria, aseguran, promueve una cultura del individualismo y agrava las desigualdades laborales y la precariedad dentro de las instituciones. Entre los motivos que han motivado la convocatoria de huelga se encuentran la transformación de la educación en una mercancía, además de la alarmante reducción de líneas de investigación que no resultan rentables en términos económicos.

La organización también ha criticado la creciente mercantilización del conocimiento, que está siendo sometido a un control cada vez mayor por parte del capital privado. Denuncian, además, lo que consideran un ataque a la autonomía universitaria por parte de la Comunidad, manifestándose a través de un endurecimiento de las sanciones, que pueden llegar a los 300.000 euros por infracciones relacionadas con la libertad de expresión estudiantil.

Frente a esta situación, la plataforma hace un llamado a aumentar la inversión por estudiante en las universidades públicas, revertir la privatización y garantizar la independencia de los centros. Exigen, además, políticas que fomenten la confianza y que aborden la precariedad laboral, buscando mayor seguridad y dignidad en las condiciones de empleo.

El movimiento también subraya la necesidad de salvaguardar la libertad académica en cuanto a la producción de conocimiento y garantizar los derechos de reivindicación de los estudiantes y sindicatos. Además, piden la dimisión del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, consideró que la huelga por parte de estudiantes y trabajadores no obedece a una falta de presupuesto, sino que responde a "otro tipo de motivos". Aseguró que la inversión para las universidades públicas se incrementará en un 6,5% durante el próximo año.

El consejero defendió la asignación de 75 millones de euros más para las universidades públicas, resaltando que desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia, el presupuesto destinado a estas instituciones ha crecido más de un 20%, alcanzando un total de 1.200 millones de euros. Según el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales para 2026, la financiación total para el próximo año será de 1.239,7 millones de euros, lo que representa un récord histórico y más del 4% del presupuesto total de la Comunidad de Madrid.

Esta asignación refleja un aumento acumulado en los últimos dos años de 122,6 millones de euros, con una subida del 11%. Sin embargo, las decisiones del Gobierno regional continúan siendo motivo de polémica y de movilización entre la comunidad educativa.