Eurocámara refuerza postura sobre deportaciones y aprueba centros de detención tras acuerdo del PPE con la extrema derecha.

BRUSELAS, 26 de marzo.

Este jueves, el Parlamento Europeo ha dado un paso significativo al aprobar su postura sobre la reforma de la directiva de retorno, abriendo las puertas a negociaciones con los 27 estados miembros. Sin embargo, esta decisión ha sido marcada por un consenso inquietante entre el Partido Popular Europeo (PPE) y las facciones de ultraderecha, generando serias inquietudes entre socialistas, verdes e integrantes de la izquierda, quienes han cuestionado la compatibilidad de esta medida con los derechos fundamentales.

Con un resultado de 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, el mandato aprobado estipula que los solicitantes de asilo cuya petición sea rechazada estarán obligados a colaborar con las autoridades para facilitar su deportación. Además, se ha propuesto un periodo de detención de hasta 24 meses para aquellos repatriados que no cooperen o que representen un riesgo de fuga.

Lo más preocupante es que estos plazos de detención podrían afectara incluso a menores no acompañados y familias con niños pequeños. Aunque los eurodiputados han instado a que estas medidas se utilicen como "último recurso" y por el menor tiempo posible para salvaguardar el interés superior del menor, no hay límites claros que impidan que se apliquen los 24 meses establecidos.

En este contexto, es importante señalar que los términos y plazos de detención dependerán de la legislación nacional, dejando a las autoridades judiciales la responsabilidad de su aplicación. Asimismo, se reconoce la capacidad de los estados miembros para ofrecer alternativas a la detención, tales como la presentación de informes periódicos o la fijación de residencia.

Por otro lado, la nueva regulación obligará a todos los países de la Unión Europea a reconocer y ejecutar las decisiones de retorno emitidas por otro estado miembro antes del 1 de julio de 2027. Esto significa que el estado en el que se encuentre un individuo con una orden de expulsión será el encargado de garantizar su repatriación.

Además, los eurodiputados han decidido eliminar una cláusula que obligaba a los gobiernos a tomar medidas para identificar a los ciudadanos extracomunitarios que se encuentren en situación irregular en sus territorios.

En relación con el rechazo de asilos, el mandato establece que aquellos que no cumplan con la orden de retorno en el tiempo estipulado enfrentarán la expulsión y podrían ser prohibidos de ingresar nuevamente al territorio comunitario, en algunos casos, de forma permanente.

La posición adoptada por el Parlamento Europeo se alinea estrechamente con la propuesta de reforma presentada inicialmente por Bruselas, que busca externalizar el proceso de retorno a países terceros. Esta estrategia incluye modelos similares al acuerdo que el gobierno italiano ha desarrollado con Albania para trasladar a migrantes sin derecho a asilo mientras se procesa su expulsión, aunque se ha garantizado que los menores no acompañados no podrán ser enviados a estos centros fuera de la UE.

A pesar del intento de los grupos de socialistas, verdes e izquierda de detener esta reforma, el apoyo mayoritario permitirá que los negociadores del Parlamento inicien conversaciones con el Consejo. Malik Azmani, un liberal de los Países Bajos, encabezará estas negociaciones, aunque su informe original fue reemplazado por un texto más estricto elaborado por el eurodiputado del PPE, François-Xavier Bellamy.

Tras la votación, el Comité Internacional de Rescate (IRC) ha advertido que esta decisión representa un "retroceso histórico para los derechos de los refugiados", instando a la UE a mantener sus principios legales y éticos en el desarrollo de las negociaciones. Por su parte, Caritas Europa ha expresado su "profunda preocupación" y criticado a la Eurocámara por respaldar medidas que, según ellos, socavan la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.

El Partido Popular ha defendido la reforma como necesaria para reforzar la credibilidad en la política migratoria de la UE y para mitigar la inmigración irregular con regulaciones más estrictas. Javier Zarzalejos, presidente de la comisión europarlamentaria de Libertades Civiles, ha indicado que sin cumplimiento de las decisiones de retorno, no se puede avanzar hacia una política migratoria efectiva.

Jorge Buxadé, líder de Vox en la Eurocámara, ha celebrado los avances hacia un mandato más rígido, afirmando que, una vez ratificado, será obligatorio para todos los estados miembros. Destacó que esta postura empodera a los gobiernos nacionales para llevar a cabo "deportaciones forzosas" si lo consideran justificado.

Por su parte, Ana Catarina Mendes, vicepresidenta de los socialdemócratas en el Parlamento, ha denunciado que este enfoque no representa una estrategia equilibrada, sino un deslizamiento político impulsado por la extrema derecha. Mendes reiteró que los derechos fundamentales deben ser innegociables.

Mélissa Camara, eurodiputada de los Verdes, calificó la votación como "vergonzosa" y acusó a los legisladores de traicionar los valores fundamentales de la Unión Europea al permitir este tipo de legislaciones.