Euskadi recibe el traspaso de cuatro ayudas sociales y el seguro escolar, además de CNVM y Salvamento Marítimo.

El 15 de julio de 2023, en Madrid, tuvo lugar una reunión clave entre el Lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Durante este encuentro, ambos líderes alcanzaron un consenso significativo que implica el traspaso a Euskadi de varias prestaciones no contributivas, entre las cuales se encuentran tres prestaciones familiares y un subsidio especial por nacimiento, así como la gestión de las prestaciones del seguro escolar. Este acuerdo forma parte de un bloque inicial en el proceso de transferencia de competencias en materia de Seguridad Social a la comunidad autónoma vasca.
En el ámbito del acuerdo, también se destacó el traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM), ubicado en Barakaldo, y de las funciones y servicios de salvamento marítimo en las aguas del Estado que abarcan la costa vasca. Esta información fue proporcionada por fuentes de ambos gobiernos, subrayando el avance en la colaboración intergubernamental.
La Comisión Bilateral de Cooperación Permanente, celebrada en el Palacio de La Moncloa, sirvió como plataforma para discutir estos temas y fortalecer los lazos entre los dos gobiernos. La reunión, que se extendió por casi tres horas, permitió culminar con un acuerdo que sienta las bases para el traspaso de una serie de responsabilidades fundamentales, especialmente en el ámbito de la Seguridad Social.
El convenio alcanzado incluye la transferencia de las funciones relativas a la administración de las prestaciones no contributivas, que abarcan la gestión, el pago y la supervisión de las ayudas familiares y del subsidio por nacimiento. Esto significa que Euskadi asumirá la responsabilidad de la asignación económica por hijo a cargo, las prestaciones por nacimiento o adopción, y el subsidio especial por nacimiento, todos ellos de carácter no contributivo.
Con este acuerdo, se concluye la transferencia de prestaciones no contributivas a Euskadi, completando lo que se inició en décadas anteriores. Además, la financiación de estas prestaciones se llevará a cabo de manera similar al modelo utilizado para el Ingreso Mínimo Vital, asegurando que se mantenga la integridad del sistema de Seguridad Social.
El Gobierno vasco también ha dejado claro que, según el gasto previsto para 2023, Euskadi podrá descontar una parte significativa del cupo que debe abonar al Estado, lo que podría representar cerca de 100 millones de euros. Este movimiento es una clara señal de la creciente autonomía financiera de la comunidad en temas de bienestar social.
Parte del acuerdo también abarca la gestión de las prestaciones vinculadas al seguro escolar, lo que incluye la recaudación y pago de indemnizaciones en caso de accidentes o fallecimientos de estudiantes. Este traspaso es significativo ya que permite por primera vez al Gobierno vasco asumir funciones hasta ahora en manos del Estado en este ámbito.
Por otro lado, el traspaso de la sede del CNVM fortalecerá la capacidad de Euskadi en temas de seguridad y salud laboral, ya que este centro es esencial para el análisis de riesgos en el trabajo y la metrología, con instalaciones equipadas para llevar a cabo estos estudios.
El acuerdo alcanzado también propicia la transferencia de competencias en salvamento marítimo, permitiendo que Euskadi organice y realice operativos de búsqueda y rescate en su litoral. Aunque el Estado mantiene ciertas prerrogativas legislativas y la capacidad de definir directrices, este movimiento representa un avance importante en la autogestión de recursos y responsabilidades por parte de la comunidad autónoma.
Finalmente, el acuerdo establece que, aunque no se realizará un traspaso físico de bienes ni personal, el Estado compensará económicamente a la Comunidad Autónoma Vasca, garantizando así que la transición sea equitativa y respetuosa con las necesidades de ambas partes en esta nueva etapa de colaboración. Esta serie de acuerdos es un paso hacia una mayor descentralización y autonomía para Euskadi, lo que refleja un compromiso renovado con la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.
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