La abogada de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, ha solicitado al juez del famoso 'caso Koldo' de la Audiencia Nacional una prórroga para su declaración, la cual estaba fijada para este jueves. La petición se fundamenta en la necesidad de estudiar con detenimiento un volumen considerable de 12.900 acontecimientos que se encuentran en el expediente judicial.

Según informa Europa Press, la defensa de Pardo de Vera ha presentado un escrito al juez Ismael Moreno, solicitando que se suspenda la citación. Considera que para garantizar el correcto ejercicio del derecho a la defensa, se requiere más tiempo, dado que el acceso a la información y documentación relevante a través de la plataforma en la nube se realizó apenas el lunes pasado.

La letrada señala la dificultad de abordar una cantidad tan extensa de información en menos de tres días antes de su comparecencia, lo que podría comprometer su defensa. En su argumentación, resalta la importancia de contar con el tiempo necesario para prepararse adecuadamente ante las acusaciones de contratación irregular de Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

La semana anterior, el juez decidió imputar a Pardo de Vera tras recibir información del Tribunal Supremo que sugiere que tuvo un papel significativo en la controvertida contratación de Rodríguez, la cual se realizó a instancia de Ábalos y su exasesor Koldo García. Esta acusación ha llevado a cuestionar la legalidad de los contratos firmados en Ineco y Tragsatec, implicando posibles delitos como malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

En un auto judicial, el magistrado subrayó que la contratación de Rodríguez se presentó como una operación administrativa que se realizó bajo la presidencia de Pardo de Vera en Adif. Todo ello ha generado serias alarmas sobre la legalidad y transparencia en la gestión de recursos públicos por estas instituciones.

El caso ha tomado relevancia no solo por las cifras y los nombres involucrados, sino también por las declaraciones de testigos. Rodríguez, quien fue contratada por ambas empresas, no ha podido demostrar que realizó actividad laboral efectiva durante su tiempo de empleo, lo que incrementa la sospecha de irregularidades en el proceso de selección y contratación.

El juez Moreno ha destacado que los hechos expuestos en el caso podrían dar pie a considerar que Pardo de Vera tuvo una participación significativa en la posible irregularidad de estas contrataciones, sugiriendo un uso impropio de los recursos públicos. Para clarificar la validez de las acusaciones, se ha programado la declaración de varios testigos clave de Ineco y Adif, programada para el 24 de junio.

Es importante recordar que el Tribunal Supremo asumió parcialmente el 'caso Koldo' únicamente en lo que respecta a Ábalos, mientras que el resto de la investigación continúa en la Audiencia Nacional. Este enfoque ha permitido que se lleve a cabo un examen exhaustivo de las decisiones tomadas durante las contrataciones, dejando sin resolver la sombra de posibles irregularidades que aún persiste en la administración pública.

El magistrado Puente ha considerado que hay suficientes indicios que sugieren que Pardo de Vera pudo haber participado en una contratación de tintes caprichosos y posiblemente irregulares, lo que plantea serias dudas sobre la gestión de atribuciones por parte de los funcionarios involucrados en este caso y el uso de los recursos públicos.