En un contundente informe emitido el 28 de enero desde Madrid, tres destacados expertos de la ONU han elevado su voz de alarma sobre las preocupantes violaciones de los derechos de los niños en los procesos migratorios en Estados Unidos, a raíz del segundo mandato de Donald Trump. Han denunciado "deportaciones ilegales" de menores no acompañados, algunos de los cuales son víctimas de trata de personas, lo que resalta una crisis humanitaria que no puede ser ignorada.

La relatora especial sobre la trata de personas, Siobhán Mullally; el experto en derechos de migrantes, Gehad Madi; y la defensora de la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, han puesto su atención en una orden del Departamento de Interior de Estados Unidos, fechada el 18 de febrero de 2025. Esta directiva instó a las organizaciones sin fines de lucro a cesar sus actividades de apoyo legal y, además, a cancelar los fondos destinados a los abogados que brindaban asistencia a menores no acompañados.

A pesar de los esfuerzos legales contra esta decisión aberrante, se estima que más de 26,000 niños han visto interrumpida su representación legal, quedando en una situación de vulnerabilidad continua frente a la posibilidad de expulsiones forzadas a las que tienen derecho a oponerse. Alarmantemente, el tiempo que los menores pasan bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados ha aumentado drásticamente, pasando de una media de un mes a seis meses entre enero y agosto del año pasado. Además, las reunificaciones con familiares cuidadoras han caído de un 95% a un preocupante 45% en ese mismo período.

Los expertos han sido firmes en señalar que persisten reportes alarmantes sobre deportaciones ilegales de niños no acompañados, que infringen la cláusula de no devolución. Esto incluye a menores que ya han sido víctimas de tráfico y que corren el riesgo de sufrir este crimen nuevamente. En algunos casos, se ha informado de que ciertos adolescentes han sido "coaccionados" a aceptar dinero a cambio de una autodeportación, enfrentando la oscura opción de una detención indefinida y la posibilidad de ser transferidos a las manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) al cumplir dieciocho años.

En este crítico contexto, los expertos han hecho una enérgica reclamación: negar a los menores su derecho a una representación legal y obligarlos a navegar en procesos migratorios complejos sin asistencia profesional es una clara violación de sus derechos. Subrayan la imperiosa necesidad de procedimientos judiciales que se ajusten a las necesidades específicas de los menores en todos los trámites de inmigración y asilo que les competan.

La gravedad de esta situación se ha visto subrayada recientemente por la detención de un niño de cinco años en Minnesota, durante una operación contra su padre de origen ecuatoriano, llevada a cabo por agentes del ICE. La dramática imagen del niño, rodeado por efectivos policiales, se ha convertido en un símbolo de la controversia que rodea las prácticas de este cuerpo, lo que añade un nuevo capítulo a una narrativa que exige atención urgente y cambios profundos.