En un giro impactante en la política surcoreana, un tribunal ha emitido una sentencia contra el expresidente Yoon Suk Yeol, condenándolo a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia. Este fallo marca el inicio de una serie de juicios que enfrenta Yoon, todos vinculados a su controvertida decisión de declarar la ley marcial en diciembre de 2024, un acto que eventualmente le costó su puesto.

La 35.ª Sala Penal del Tribunal del Distrito Central de Seúl ha detallado que Yoon utilizó a miembros del Servicio Secreto en un intento de frustrar una orden judicial en su contra, socavando así el proceso legal. La agencia de noticias Yonhap ha sido una de las primeras en reportar estos hallazgos, que revelan un uso indebido de recursos estatales para el beneficio personal del expresidente.

Los jueces no han escatimado en críticas hacia el exmandatario, enfatizando que "la naturaleza del delito es muy grave". Han señalado las circunstancias que rodearon dicho crimen, así como la falta de responsabilidad de Yoon, quien continúa presentando excusas que son difíciles de aceptar, sin mostrar signos de arrepentimiento por sus acciones.

Además de la condena actual, Yoon enfrenta numerosos procesos legales vinculados a la implementación de la ley marcial durante su gestión. Uno de los casos más significativos es el de insurrección, donde se ha solicitado la pena de muerte por parte del equipo de fiscales encargado del juicio. La fecha límite para el veredicto de este último caso se espera para el 19 de febrero, lo que podría intensificar aún más la crisis política en la nación.