MADRID, 10 Abr. - En una reciente reunión, familiares de víctimas y defensores de los derechos humanos, organizados a través de la Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores, han decidido establecer una comisión encargada de documentar las presuntas "discriminaciones" sufridas por más de 30.000 personas en situación de dependencia durante la crisis sanitaria. Este encuentro tuvo lugar el pasado jueves y se fijó una nueva cita para el 21 de mayo, donde se espera oficializar una reclamación colectiva que será enviada al Comité Europeo de Derechos Sociales.

La reunión se centró en delinear las líneas de acción que se emprenderán para visibilizar las injusticias que, según los asistentes, han vulnerado la Carta Social Europea. Según el abogado Juan Carlos Rois, es fundamental exponer cómo se han violado derechos esenciales, como el de igualdad y acceso a la salud, especialmente para colectivos de ancianos, personas con discapacidad y menores en situación de dependencia.

Los familiares y expertos presentes, entre los que se encontraban abogados y profesionales de la salud, decidieron formar un grupo que traducirá la complejidad de los informes científicos en un lenguaje accesible para todos. La intención es recopilar pruebas que respalden las denuncias sobre la violación de derechos durante la pandemia en España.

Rois subrayó la importancia de reunir testimonios y evidencias tanto de aquellos que han sufrido directamente la situación, como de los profesionales con conocimiento clínico, para construir una narrativa colectiva robusta. Esta comisión redactará un documento que será revisado por los afectados antes de ser presentado en el ámbito europeo.

El contenido de la reclamación no solo abarcará las vulneraciones de derecho que sufrieron los residentes de centros durante la pandemia, sino que también incluirá las experiencias de quienes vivieron en sus domicilios, así como las realidades de sus familias y de los trabajadores del sector. "Nuestro objetivo es analizar cómo todas estas circunstancias han transgredido la legislación europea", apuntó Rois.

La magnitud de los problemas generados por la pandemia es considerada "enorme" por los organizadores. Rois destacó que los colectivos implicados abarcan a todas las personas afectadas, no solo de Madrid, sino de otras comunidades donde las condiciones de atención fueron igualmente preocupantes.

Algunos de los incidentes discriminatorios mencionados durante el taller incluyeron la negativa a enviar ambulancias a residencias y la falta de envíos de profesionales de la salud a estos centros, entre otros, lo que ha generado un clamor entre los familiares y defensores de derechos humanos para exigir justicia y reconocimiento a estas injusticias.