En un reciente análisis realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), se ha revelado que la falta de ajuste por inflación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha impactado significativamente a las familias españolas, en particular a aquellas con un ingreso bruto de 50.000 euros y compuestas por cuatro miembros. Según el estudio, esta omisión ha resultado en un aumento del 30% en la cuota del impuesto, una carga que se acentúa aún más para aquellos que perciben ingresos más bajos.

El informe de Fedea subraya la gravedad del impacto derivado de no haber actualizado la escala de gravamen y el mínimo exento del tramo estatal del IRPF desde el 2015, en un contexto en que la inflación ha acumulado casi un 27%. A juicio de la Fundación, esta situación ha llevado a una subida "muy significativa" de los impuestos, generando un procedimiento poco claro que afecta la comprensión de los ciudadanos sobre su realidad fiscal.

Los especialistas han señalado que, aunque los ingresos monetarios de los contribuyentes han aumentado debido a la inflación, el poder adquisitivo se ha mantenido estancado. Esta discrepancia empuja a muchos hacia tramos fiscales más altos, donde se aplican tipos impositivos más elevados, sin que su renta real haya cambiado. Las cifras presentadas por Fedea evidencian que esta falta de ajuste fiscal ha tenido repercusiones directas en la economía familiar y, en especial, castiga a los hogares con menores recursos.

Adicionalmente, el informe también critica la falta de avances en la reforma de la ley del suelo, una medida necesaria para agilizar la construcción de viviendas y abordar la creación de una Agencia de Salud Pública, considerada vital para gestionar futuras crisis sanitarias. Los expertos de Fedea resaltan que la inacción de los principales partidos políticos, PSOE y PP, en estos temas evidencia una alarmante incapacidad de lograr consensos en asuntos que afectan al bienestar ciudadano.

La Fundación enfatiza que la necesaria modernización de la ley del suelo se ve obstaculizada por la frecuente paralización de proyectos urbanísticos, lo que se traduce en un estancamiento en la edificación de viviendas. Esta situación, sostienen, se origina en el estatus legal restrictivo de los planes de ordenación territorial, que están sujetos a complicados controles judiciales, lo cual crea una sensación de inseguridad jurídica en el sector inmobiliario.

Otro aspecto crítico señalado por Fedea es la trasposición de una directiva europea que obliga a las empresas a cumplir con requisitos de sostenibilidad. La directiva abarca no solo cuestiones medioambientales, sino también sociales, de gobernanza y derechos humanos. Las empresas con más de 250 empleados deberán presentar informes detallados sobre su impacto en estos ámbitos, un proceso que podría resultar complejo y oneroso.

Fedea argumenta que este proceso impuesto a las empresas no solo es costoso, sino que también les atribuye una responsabilidad que va más allá de lo razonable. Este enfoque, advierten, puede generar un desincentivo hacia el crecimiento y la inversión, a la vez que se plantea la necesidad de una clarificación sobre los objetivos reales que se pretenden alcanzar a través de estas exigencias normativas.