En un nuevo episodio que evidencia la tensión política en España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este lunes la capacidad de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para desempeñar un cargo en el Gobierno. Sus comentarios surgen tras las declaraciones de Montero sobre la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que absolvió al exjugador del FC Barcelona Dani Alves de un delito de agresión sexual.

Feijóo, a través de un mensaje en la red social X, sostuvo que Montero “no está en condiciones de ser la número dos de ningún Gobierno europeo”, después de que la vicepresidenta tachara la resolución judicial como una “vergüenza”. Esto siguió a un fuerte reclamo de respeto a la sentencia, que llegó por parte de diversas asociaciones de jueces y fiscales a raíz de los comentarios de Montero.

La vicepresidenta ha expresado su indignación, afirmando que es “inaceptable” que se cuestione el testimonio de una víctima, y resaltó que la presunción de inocencia no debería estar por encima de las denuncias de mujeres valientes que se atreven a hablar. Durante la inauguración del 16 Congreso Provincial del PSOE de Jaén, Montero dejó claro su apoyo a quienes denuncian abusos de poder, asegurando que las mujeres que alzan la voz no están solas en su lucha.

En respuesta a esta postura, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, contraatacó afirmando que el cuestionamiento de la presunción de inocencia es un ataque directo a los principios democráticos. Según Gamarra, lo realmente vergonzoso son las afirmaciones de Montero, que considera que atentan contra la independencia judicial.

Este lunes, Gamarra reafirmó la importancia de la presunción de inocencia en una democracia, añadiendo su exigencia para que Montero dimita. En su opinión, su permanencia en el Gobierno es insostenible tras haber mostrado lo que ella define como “indigencia moral y jurídica”.

Además, en un comunicado conjunto, las asociaciones judiciales y fiscales han hecho un llamado para que se respete la independencia del poder judicial, resaltando que la justicia se imparte mediante un análisis meticuloso de las pruebas y en conformidad con la legislación vigente. Esta declaración subraya la necesidad de proteger y valorar el Estado de Derecho en un contexto donde las palabras de los políticos pueden influir sobre la percepción pública de la justicia.