Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid han alzado la voz en contra del negacionismo alentado por grupos de ultraderecha y la ineficacia de las instituciones para abordar la violencia de género. Estas organizaciones no solo destacan la falta de acción efectiva, sino también la "hipocresía" que rodea el tema de la prostitución entre la clase política.

Las portavoces de ambas entidades han señalado en una reciente rueda de prensa que hablar de la prostitución entre altos funcionarios es una cuestión de congruencia: “No basta con criticar la prostitución y no avanzar en una ley abolicionista. Es esencial que se encuentren puntos comunes para abordar este tema”, manifestaron mientras anunciaban la manifestación programada para el martes en Madrid.

La marcha empezará a las 18:30 desde la confluencia entre las calles Alcalá y Gran Vía, y concluirá en la Plaza de España. Las organizaciones han reiterado que esta movilización tiene como objetivo visibilizar el negacionismo de algunos sectores políticos, así como la "desidia y abandono" de las instituciones en la lucha contra la violencia hacia mujeres, además de la falta de políticas efectivas en la equidad de género.

A juicio de las activistas, la falta de protección frente a feminicidios representa una forma de violencia institucional. "La negligencia y el abandono en este ámbito comprometen la seguridad de miles de mujeres”, alertaron. Este vacío en las políticas de protección se refleja claramente en la ineficaz gestión de las pulseras telemáticas diseñadas para supervisar a los agresores.

Desde el Foro 25N y el Movimiento Feminista de Madrid, se subraya la urgencia de rectificar todos los errores que han dejado a mujeres denunciantes sin el amparo que necesitan. “Es fundamental que todos los recursos y políticas públicas se destinen de manera directa y efectiva a la lucha contra la violencia de género”, exigieron.

Exigen también que los responsables de la gestión de las pulseras rindan cuentas sobre qué fallas han ocurrido y que el proceso de revisión se maneje de manera transparente. “Queremos claridad y comprensión sobre qué sucede en el sistema; es imperativo asumir responsabilidades”, manifestaron las portavoces.

Las demandas de estas organizaciones incluyen un llamado a una reacción más firme ante la violencia sexual, que se encuentra frecuentemente sub-reportada, especialmente entre las jóvenes, así como la necesidad de prohibir las visitas de progenitores implicados en procesos penales por violencia de género. También solicitan una mayor atención a la protección de niñas y adolescentes bajo tutela del Estado, quienes a menudo se ven en riesgo de ser captadas por redes delictivas.

Entre sus peticiones, las organizaciones feministas destacan la necesidad de implementar una Ley Abolicionista para el Sistema Prostitucional y una normativa que proteja a las mujeres frente a la explotación reproductiva, como el alquiler de vientres. Subrayan la polémica en torno a la normalización de la violencia a través de la pornografía, accesible a un público cada vez más joven.

Asimismo, enfatizan que la violencia contra las mujeres debe ser considerada un problema de salud pública, con un papel crucial del sistema sanitario, al que suelen recurrir las víctimas. Consideran que en varias comunidades ya existen pruebas de detección temprana de la violencia, aunque enfatizan que su efectividad depende del conocimiento y la formación del personal sanitario para abordar estos casos.

“La escasa eficacia en los cribados de cáncer de mama en Andalucía debe analizarse como parte de una negligencia y violencia institucional que también refleja los recortes y la privatización del sector”, critican, a la vez que reclaman responsabilidades políticas y, en su caso, penales ante esta crisis.

Además, denuncian que hay una forma de violencia institucional asociada al acoso que enfrentan las mujeres que deciden abortar, y consideran inaceptable administrar tratamientos experimentales a menores sanos. “La aplicación de estas terapias debe detenerse, ya que atentan contra los derechos de todas las niñas y mujeres”, concluyen.

Las feministas de Madrid han cerrado su exposición reafirmando que “la lucha contra la violencia machista es una cuestión de Estado”, instando a las instituciones a recuperar la iniciativa en la defensa de los derechos de las mujeres como una prioridad fundamental.