Este miércoles, en un giro crucial para el panorama político de Corea del Sur, un equipo especial de fiscales ha solicitado una severa condena de 10 años de prisión para el expresidente Yoo Suk Yeol. Esta solicitud surge en el contexto de su controversial decisión de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, un hecho que desencadenó su eventual destitución.

Durante la última sesión del juicio en la corte de Seúl, el fiscal Cho Eun Suk argumentó que las acciones del exmandatario representaron un "delito significativo" al "privatizar" instituciones estatales con el fin de encubrir y justificar sus actos ilegales, tal como fue reportado por la estatal Yonhap.

A pesar de la gravedad de los cargos, Cho enfatizó que el exlíder no mostró ningún remordimiento durante el proceso judicial, eligiendo en cambio respaldar su decisión de declarar la ley marcial. "Sus acciones han causado un daño profundo al orden público y han traicionado la confianza de los ciudadanos que lo eligieron como presidente", señaló el fiscal.

La Fiscalía, en su planteamiento, detalla que la sanción solicitada se desglosa en varios cargos: cinco años por la obstrucción de la justicia al frustrar su arresto en enero, tres años por violar los derechos de nueve miembros del Gabinete al no convocarles para una reunión sobre la ley marcial, y dos años más por manipular y destruir documentación relacionada con su decreto tras ser revocado.

Desde la Fiscalía han expresado la necesidad de una justicia ejemplar, afirmando que es fundamental restaurar la Constitución y el respeto a la ley corrompidos por el ex presidente. "Es crucial que exigamos una rendición de cuentas estricta para evitar futuros abusos de poder por parte de quienes ocupan los puestos más altos en la historia del país", han declarado.

El tribunal ha indicado que el veredicto sobre el cargo de obstrucción a la justicia se dará a conocer el 16 de enero, justo antes de que finalice el periodo de arresto de Yoon, de acuerdo con la información de Yonhap. Además, el expresidente se enfrenta a otros procesos judiciales relacionados con su fallido intento de instaurar la ley marcial, incluyendo un cargo de insurrección, cuyo fallo se espera para febrero, tras la conclusión de las audiencias a principios de enero.