En un giro dramático de los acontecimientos, la Fiscalía de Estambul ha solicitado este 11 de noviembre una condena de más de 2.000 años de prisión para Ekrem Imamoglu, el exalcalde de la ciudad. Este encarcelado líder político ha sido acusado de corrupción y ya ha recibido una sentencia por haber ofendido al fiscal jefe local, Akin Gurlek.

Gurlek, quien ha sido señalado por Imamoglu como un actor del gobierno que perpetra investigaciones con un claro sesgo político contra la oposición, ha revelado que el fiscal preparado contra el exalcalde abarca cerca de 4.000 páginas y afecta a aproximadamente 400 personas involucradas.

La acusación contra Imamoglu es grave, con la Fiscalía pidiendo una extraordinaria pena de 2.352 años, acusándolo de encabezar una vasta organización delictiva, según reportes de TRT Haber. Esta situación se da en un contexto político tenso, donde Imamoglu se presenta como un competidor directo del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Entre los involucrados en el caso, ya se encuentran bajo custodia más de un centenar de personas, y se ha señalado a Imamoglu como el "fundador y líder" de la presunta red criminal. Esta acusación, profundamente polémica, ha generado un clima de incertidumbre en el panorama político turco.

En un giro adicional, tanto el padre de Imamoglu, Hasan, como su hijo Selim, fueron convocados a declarar ante la policía en relación con las acusaciones de corrupción, mientras se les impide salir del país, lo que suma aún más tensión a la situación familiar y política.

El Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal partido de oposición, ha denunciado enérgicamente que el gobierno está utilizando el sistema judicial para silenciar a sus críticos. El caso de Imamoglu es emblemático de esta estrategia, pues el exalcalde ha emergido como una figura clave en la política nacional que aspira a desafiar a Erdogan en las próximas elecciones.

La prisión de Imamoglu ha suscitado un oleaje de protestas en todo Turquía, con múltiples acusaciones sobre la manipulación del aparato judicial con fines políticos. Desde su arresto, las autoridades han intensificado su represión, deteniendo a numerosos miembros del CHP y a altos funcionarios de la alcaldía de Estambul y otras localidades, lo que sugiere un intento de silenciar cualquier forma de oposición.