Fiscalía sugiere cerrar el caso contra los responsables de aprobar la eutanasia de Noelia.

BARCELONA, 30 de marzo.

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado archivar el caso contra dos integrantes del Comité de Ética Asistencial que aprobaron la eutanasia de Noelia, una joven de 25 años que sufría de paraplejia y que recibió ayuda para morir el pasado jueves, según han informado fuentes del Ministerio Público a Europa Press.

Este pedido ha sido presentado ante el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, que está llevando a cabo la investigación de ambos profesionales, un médico y una jurista, quienes enfrentan una denuncia por parte de la Fundación Española de Abogados Cristianos, que los acusa de presuntamente cometer prevaricación y falsedad documental.

La denuncia alega que ambos, en su declaración judicial, admitieron haber creado un desacuerdo ficticio para justificar que la decisión tuviera que ser sometida a la aprobación del pleno de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC), alterando el procedimiento legal establecido y asegurando así la autorización administrativa.

El Juzgado de Instrucción número 20 aceptó la querella con el objetivo de obtener del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 12 de Barcelona la sentencia que respaldó la eutanasia de Noelia, en la que se confirmaron la legalidad del proceso sin encontrar irregularidades.

Según un auto emitido el pasado 26 de marzo, la jueza apuntó que la solicitud de testimonios debía realizarse admitiendo a trámite la denuncia, para que la demanda de dicha documentación contara con el respaldo legal necesario y, una vez que se obtuviera, se remitiera a la Fiscalía para evaluar la relevancia penal de los acontecimientos.

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, que respaldó la decisión sobre la eutanasia de Noelia en una resolución que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ya había descartado cualquier irregularidad en el proceso: "No se observa indicio alguno de delito en la actuación de los profesionales", concluyó.

En el juicio, los dos profesionales explicaron que debido a la complejidad del caso, consideraron que era necesario someter el asunto a votación del pleno, lo cual fue visto por la jueza como un procedimiento que fortalecía la validez del proceso, ya que garantizaba que la decisión se tomara por unanimidad por parte de los 19 miembros de la CGEC.