En un paso significativo hacia la inclusión y la equidad en el ámbito laboral, 67 estudiantes universitarios con discapacidad han sido beneficiarios de una beca otorgada por la Fundación ONCE, destinada a facilitar su preparación para oposiciones en puestos de alto nivel en la administración pública, como inspectores, jueces y fiscales.

Esta acción se lleva a cabo en el contexto de la IV Convocatoria de ayudas que busca fomentar el acceso de las personas con discapacidad al empleo público. La fundación, consciente de las barreras económicas que enfrentan estos aspirantes, se compromete a cubrir parte de los gastos asociados a la preparación de oposiciones, incluyendo honorarios de academias, materiales de estudio y transporte, abordando así uno de los principales obstáculos que limita sus oportunidades.

La Fundación ONCE, a través de este programa, hace un hincapié en la importancia de garantizar que las personas con discapacidad tengan igualdad de condiciones al acceder al empleo en la administración pública. “Estamos comprometidos con promover una administración que refleje la diversidad social y cumpla con principios de igualdad y mérito”, señala la convocatoria.

Desde el comienzo de estas iniciativas, 164 personas han obtenido apoyo en diferentes ediciones, participando en un programa que cuenta con un presupuesto de más de 200.000 euros. Esta suma se distribuye entre los solicitantes que renuevan sus ayudas y aquellos que acceden por primera vez, un total de 67 beneficiarios en la última convocatoria.

Los seleccionados son estudiantes con discapacidad que cuentan con un título universitario y que se preparan para los cuerpos o escalas del grupo A de la Administración General del Estado. Fundación ONCE resalta que, a pesar de existir normativas que aseguran la reserva del 30% de plazas para este colectivo, las administraciones públicas aún no han conseguido cumplir con esta cuota en los niveles A1 y A2.

La fundación también ha observado que persisten prejuicios capacitistas en los procesos de selección, y aunque se contemplan adaptaciones razonables, a menudo no se implementan adecuadamente o son denegadas, lo que perpetúa las desigualdades en el acceso al empleo público.

Este déficit en la representación de las personas con discapacidad en la función pública resulta en la pérdida de talento y dificulta la creación de una administración que refleje la pluralidad de la sociedad española. La situación actual exige acciones urgentes y efectivas para promover una verdadera inclusión.

Además, estas iniciativas de la Fundación ONCE están alineadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), enfocándose en la educación inclusiva de calidad (Objetivo 4), el trabajo decente y el crecimiento económico (Objetivo 8), así como en la promoción de la igualdad de género y la reducción de desigualdades (Objetivos 5 y 10).