Gabilondo exige acciones efectivas contra los devastadores incendios de 2025.

El Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, ha hecho un llamado urgente a las Administraciones públicas para que implementen medidas efectivas de prevención y control ante la devastadora serie de incendios que golpeó al país en agosto de 2025. Gabilondo enfatizó la importancia de mejorar la coordinación entre las entidades gubernamentales y fortalecer la supervisión de la interfaz entre áreas urbanas y boscosas, así como la necesidad de que los propietarios de terrenos mantengan sus propiedades en condiciones seguras.

Este reclamo se detalla en su Informe Anual, que fue hecho público este martes. Durante su presentación, Gabilondo destacó el aumento de quejas por el estado de conservación de terrenos rústicos, particularmente después de la ola de incendios que devastó varias regiones de España.

El informe también señala que muchas urbanizaciones que no han sido legalizadas o que carecen de recepción oficial se vieron afectadas por estos incendios. En estas áreas se ha observado la proliferación de vegetación densa y seca, lo que representa un grave peligro para la seguridad de las viviendas aledañas, que a menudo se encuentran en situaciones urbanísticas irregularidades.

Gabilondo subrayó que es esencial implementar acciones antiincendios que abarquen todos los tipos de terrenos, sin importar su clasificación urbanística. Si los propietarios no cumplen con estas responsabilidades, las comunidades autónomas y los municipios tienen la autoridad para intervenir y exigir la debida atención a esta problemática.

La institución resaltó que los ayuntamientos poseen la responsabilidad de supervisar y responder adecuadamente a las denuncias de los ciudadanos sobre la situación de los terrenos que pueden aumentar el riesgo de incendios en la interfase urbanoforestal, como se enfatizó en un recordatorio de obligaciones legales dirigido al Ayuntamiento de Pol-Mosteiro, en Lugo.

Además, el informe hace hincapié en la necesidad de que los municipios diseñen y aprueben planes urbanísticos que definan claramente el uso del suelo e incluyan medidas preventivas contra incendios, tal como lo estipula la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

En este contexto, Gabilondo ha instado a tener en cuenta los riesgos derivados del cambio climático, poniendo especial énfasis en los incendios en la interfaz urbana y forestal, así como en las áreas que colindan con las infraestructuras.

Por otro lado, la institución ha recibido quejas de ciudadanos sobre la falta de limpieza y de condiciones sanitarias en parcelas urbanas desocupadas. En muchos casos, los ayuntamientos solo emiten bandos informativos o notifican a los propietarios acerca de la normativa de limpieza, lo cual, aunque es un primer paso, se ha mostrado insuficiente para abordar el problema de fondo.

Gabilondo argumentó que las acciones de las Administraciones locales no deben finalizar únicamente en la emisión de órdenes de limpieza, sino que también tienen la responsabilidad de asegurar su cumplimiento. En caso de que no se ejecute la orden, los ayuntamientos deben tomar medidas coercitivas para garantizar su efectiva implementación, especialmente si estas ordenanzas fueron dictadas hace algún tiempo.

En situaciones de incumplimiento, el Defensor del Pueblo propone que los ayuntamientos actúen para que la limpieza de estas parcelas se realice a expensas de los responsables, utilizando el procedimiento de ejecución subsidiaria establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Esta recomendación ha sido previamente planteada a los municipios de Llanes y Santa Lucía de Tirajana, entre otros.