En un reciente encuentro, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reafirmado la naturaleza independiente y fundamental de su institución en el sistema democrático español. Durante un desayuno informativo en el Club Siglo XXI en Madrid, Gabilondo aclaró que su función no es la de juzgar ni intervenir en procesos administrativos, sino la de colaborar con la administración para asegurar que se respeten los derechos de los ciudadanos.

“No somos un órgano de control del gobierno en sí mismo, sino más bien un ente que supervisa cómo las administraciones interactúan con la ciudadanía. Nuestro objetivo es garantizar los derechos de las personas y rendir cuentas ante las Cortes Generales”, enfatizó Gabilondo, quien también recordó la obligación de las instituciones de actuar con eficiencia y justicia, creando espacios que fomenten la convivencia y la paz social.

El Defensor del Pueblo detalló las funciones clave de su organismo, subrayando la responsabilidad de verificar que los derechos fundamentales sean respetados por todas las administraciones, cumpliendo con los principios establecidos en la Constitución. Destacó la importancia de la eficiencia, jerarquía y coordinación en su labor, valores que son esenciales para garantizar una buena gobernanza.

Gabilondo hizo hincapié en la autonomía de su oficina, explicando que, según la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, no está obligado a seguir instrucciones de ninguna autoridad, lo cual debe interpretarse como una salvaguarda contra cualquier tipo de arbitrariedad. “Este artículo es clave para asegurar nuestra independencia y evitar que la arrogancia o la autosuficiencia influya en nuestras decisiones”, aseveró.

Al abordar la importancia de su posición, el Defensor del Pueblo insistió en la necesidad de responsabilidad y en la urgencia de no dejarse llevar por la comodidad o el miedo. “Es vital que actuemos con firmeza y que busquemos siempre ser escuchados, superando la tentación de evitar conflictos y buscando, en cambio, la verdad y la justicia”, aconsejó Gabilondo.

En su exposición también reveló datos significativos del Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2024, que fue presentado en las Cortes Generales el 25 de marzo. Este informe no solo describe problemáticas, sino que también se centra en la supervisión de la administración con el objetivo de reforzar los derechos ciudadanos y la confianza en las instituciones.

Durante el año 2024, la oficina del Defensor del Pueblo gestionó un total de 34,629 expedientes, resultando en 2,501 resoluciones dirigidas a diversas administraciones públicas, entre las que se incluyen 1,190 recomendaciones y 843 sugerencias. Asimismo, se llevaron a cabo 185 actuaciones de oficio y se analizaron 42 solicitudes al Tribunal Constitucional. Las quejas fueron más frecuentes en la Comunidad de Madrid, seguida de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Por último, se identificaron los ámbitos más críticos en las quejas recibidas, siendo la Administración de Justicia, la Seguridad Social y el Empleo, así como Educación y Sanidad, algunos de los temas recurrentes que requieren atención especial, lo que pone de relieve la necesidad de una administración pública más cercana y receptiva a las necesidades de la ciudadanía.