El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha afirmado que la reciente decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática es un "nuevo revés" para el fiscal general del Estado y el presidente Sánchez, confirmando así que el Estado de Derecho "funciona".

En respuesta, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha declarado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no puede permanecer en su cargo "ni un minuto más" tras este nuevo revés para el Gobierno y el fiscal general. La decisión del Supremo se centra en la anulación del nombramiento de Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, debido a su relación con el exjuez Baltasar Garzón, lo cual plantea posibles incompatibilidades.

Gamarra ha destacado que a pesar de haber creado un cargo específico para Dolores Delgado, el Tribunal Supremo también ha anulado su ascenso como fiscal de Memoria Democrática. Por lo tanto, la dirigente del PP ha exigido la dimisión de García Ortiz, afirmando que la Fiscalía no puede convertirse en una agencia de colocación.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha subrayado que este revés demuestra que el Estado de Derecho funciona correctamente, incluso ante las presiones políticas. En este sentido, Tellado ha criticado la dependencia de la Fiscalía por parte del Gobierno y ha instado a que se tomen medidas al respecto.

En la misma línea, el portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Fernando de Rosa, ha aconsejado a García Ortiz que renuncie a su cargo tras los acontecimientos del día. Asimismo, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha pedido la destitución de García Ortiz, argumentando que el presidente Sánchez no promueve la regeneración democrática, sino la perversión democrática.

Por su parte, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, la vicepresidenta María Jesús Montero ha criticado a los miembros del Partido Popular por no reconocer la legitimidad del Gobierno, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y otras instituciones. Según Montero, los populares solo reconocen la legitimidad que les favorece, en lugar de respetar la independencia de las instituciones del Estado.