BURGOS, 1 de junio.

Las autoridades han iniciado una investigación contra el dueño de una granja en Burgos, acusado de ser responsable de un grave caso de maltrato animal por su negligencia en el cuidado de una decena de burros. Lamentablemente, dos de estos animales han tenido que ser sacrificados debido a heridas irreversibles en sus patas.

El alarmante descubrimiento se produjo en abril, cuando un vecino de la localidad reportó la presencia de burros vagando sin supervisión. La Guardia Civil, a través de su unidad Seprona, se puso en marcha para verificar la situación, basándose en la información recibida, según las declaraciones de la Benemérita.

Con el apoyo de veterinarios de la Junta de Castilla y León, se llevó a cabo una investigación exhaustiva que reveló las deplorables condiciones en las que vivían estos animales, así como otros en la granja. Durante la revisión de las instalaciones, se encontraron cerca de 50 cabras y ovejas, además de nueve perros adultos y once cachorros, todos ellos en condiciones extraordinariamente precarias.

En particular, tres burros presentaban un estado crítico, afectados por la falta de cuidados básicos. Sus cascos estaban descuidados, lo que les generaba dificultades para caminar y un sufrimiento constante. Como resultado de la gravedad de sus lesiones, dos de ellos fueron sacrificados tras recibir atención veterinaria.

Además, las instalaciones presentaban un estado de insalubridad alarmante. Las heces de los animales se habían acumulado durante semanas, alcanzando en algunos puntos hasta un metro de altura. Los perros carecían de refugio adecuado y algunos estaban encadenados, lo que generó preocupación entre los investigadores. También se encontraron irregularidades en la documentación relacionada con la granja.

Para garantizar el bienestar de los burros, los agentes se pusieron en contacto con el Centro Andalusí de Rescate de Caballos, situado en Alhaurín el Grande (Málaga). Este centro se encargó de cubrir los gastos y enviar a dos veterinarios y un herrador profesional para brindar la atención necesaria a los animales, lo que incluyó radiografías y el tratamiento de los burros, así como el sacrificio de aquellos con daños irreversibles.

Las diligencias de la investigación han sido presentadas ante los Juzgados de Briviesca. Según el Código Penal, el maltrato animal conlleva sanciones severas que, en su grado máximo, pueden resultar en penas de prisión de hasta un año, así como una inhabilitación de tres años para cualquier actividad profesional relacionada con animales.