MADRID, 25 Dic. - La situación del lobo ibérico se encuentra en un estado de incertidumbre creciente, con diversos actores, desde organizaciones ecologistas hasta ganaderos, expresando su preocupación por un "limbo legal" que complica la conservación y gestión de esta especie. Mientras el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) se prepara para enviar su informe a Bruselas en 2025, distintas comunidades autónomas han planteado recursos judiciales contra los planes de gestión propuestos para el lobo, evidenciando la falta de consenso entre las partes implicadas.

Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF España, describió la situación como una "tensa calma" en la que no se prevén novedades significativas, reflejando la desconfianza que reina entre los distintos organismos implicados en la protección del lobo. Desde su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en 2021, ha sido tema de controversia, especialmente tras cambios en la legislación que afectaron su nivel de protección.

La reciente Ley de Desperdicio Alimentario ha reavivado el debate sobre el estado del lobo en España, al permitir que su protección se reduzca en ciertas circunstancias. Según la normativa europea, el lobo, si se encuentra en estado desfavorable, no puede ser objeto de “controles letales”, pero las comunidades autónomas afirman tener evidencia de que sus poblaciones se han recuperado.

El tema candente radica en cómo se determina la viabilidad de la especie. MITECO se apoya en un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que si una especie está en un estado desfavorable en una parte del territorio, se considera que lo está en la totalidad. Sin embargo, las regiones con alta población de lobos argumentan que la especie ha prosperado gracias a sus esfuerzos de conservación.

Una especificación de la nueva ley establece que el informe sexenal sobre el lobo debe contar con la aprobación de las comunidades autónomas, algo que ha provocado tensiones, ya que la normativa europea no lo requiere. Esta cuestión ha sido motivo de controversia y ha llevado a que el Defensor del Pueblo presente recursos ante el Tribunal Constitucional.

A finales del verano, se llevaron a cabo varias reuniones del sector medioambiental que resultaron tensas y sin consenso. Desde entonces, MITECO no ha convocado nuevas reuniones, lo que ha generado frustración entre los grupos ecologistas. Mientras tanto, la Comisión Europea ha hecho hincapié en que España no ha presentado informes cruciales sobre el estado del lobo y otras especies, a pesar de los plazos vencidos.

A pesar de los esfuerzos de varias comunidades para implementar planes de gestión del lobo, muchos de estos intentos han sido bloqueados por diversos recursos judiciales interpuestos por organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, que han cuestionado la legalidad de estos planes. En Galicia, las medidas cautelares han detenido la caza de lobos, mientras que en La Rioja ha habido aprobaciones para su caza en áreas específicas, lo que ha desatado más acciones legales.

La organización Ecologistas en Acción también ha presentado una queja ante la Comisión Europea, argumentando que la Ley de Desperdicio Alimentario viola la Directiva Hábitat. Su portavoz, Theo Oberhuber, ha criticado la inconsistencia en las decisiones judiciales, donde en algunos casos se aceptan las medidas y en otros no.

Luis Suárez, de WWF España, enfatizó que la única novedad en esta situación ha sido la comunicación de la Comisión Europea que refuerza la ilegalidad de cazar lobos en estado de conservación desfavorable, aunque aún no se ha materializado en cambios prácticos.

Los ecologistas están a la espera de la respuesta del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Desperdicio Alimentario y del envío del informe por parte del Gobierno a Bruselas. Existe un creciente temor de que decisiones políticas puedan prevalecer sobre criterios científicos, lo que perjudicaría la protección del lobo.

Además, MITECO ha discutido con ganaderos la posibilidad de destinar fondos relacionados con la estrategia nacional del lobo a la Fundación Biodiversidad, una propuesta rechazada por los ganaderos, quienes la ven como una manera de financiar a organizaciones ecologistas. En este contexto, Lorenzo Silva, de COAG en Castilla y León, ha urgido a implementar controles poblacionales del lobo, señalando el creciente número de ejemplares en la región.

Por su parte, Geri González, responsable de ASAJA Asturias, ha advertido que se requerirá verificar la información que el Ministerio envíe a Bruselas, ya que la organización considera que los datos previos eran deficientes. ASAJA continúa enfatizando el impacto negativo que la situación actual tiene en el sector ganadero ante las instituciones europeas.