En Madrid, el 27 de diciembre, Roberto García Ceniceros ha asumido la presidencia del Foro Judicial Independiente (FJI) y ha expresado su preocupación por la creciente fragmentación dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según él, esta división está conduciendo a la institución a repetir errores del pasado, lo que podría tener graves implicaciones para la justicia en España.

En una entrevista concedida a Europa Press, tras su elección en el XXI Congreso del FJI, celebrado el 7 de noviembre en Albacete, García Ceniceros ha manifestado su deseo de que la reciente renovación en el CGPJ impulse un cambio positivo. Sin embargo, ha observado con desdén que el consejo está más polarizado que nunca, con grupos que se enorgullecen de su alineamiento.

El nuevo presidente del FJI ha comentado sobre la pugna interna que ha surgido en torno al control del CGPJ. En un contexto de equilibrio aparente entre vocales conservadores y progresistas, fue el bloque conservador el que, con apoyo clave de su presidenta Isabel Perelló y de Carlos Hugo Preciado, logró imponerse. Esta situación ha resultado en la reciente renuncia del vocal progresista José María Fernández Seijo, un acto que fue finalmente rechazado por la presidenta.

García Ceniceros no ha dudado en calificar de "guerra sangrante" la controversia que ha surgido, reflejando la falta de unidad y cooperación en el CGPJ. A pesar de que su asociación no respalda candidatos para el órgano, el nuevo presidente ha señalado que están siguiendo el conflicto “desde la distancia”, preocupados por las repercusiones que esto pueda tener en la justicia española.

A lo largo de su discurso, expresó su asombro ante las afirmaciones de algunos vocales de que se estaban rompiendo las dinámicas de voto, criticando lo que considera una imposición de disciplina de voto, una situación que describe como "sangrante" y que, a su parecer, daña gravemente la integridad del consejo.

Para García Ceniceros, el verdadero problema no radica solamente en el equilibrio numérico entre conservadores y progresistas, sino en la existencia misma de estos bloques, que impiden una auténtica colaboración y, en última instancia, el avance de la justicia en el país. La FJI ha mantenido una postura crítica sobre el sistema de elecciones de vocales dentro del CGPJ y sobre cualquier criterio que no promueva la transparencia y la objetividad en la carrera judicial.

Por ello, ha instado con urgencia a una reforma del modelo de nombramientos, abogando por ampliar la objetividad y reducir el favoritismo en estos procesos. Además, ha manifestado su descontento con la lentitud en la implementación de tribunales de instancia, señalando que las limitaciones presupuestarias están obstaculizando su desarrollo en las áreas donde ya se han establecido.

A pesar de reconocer la validez de la propuesta de una nueva oficina judicial, que buscaría consolidar la gestión administrativa en estos tribunales, García Ceniceros ha subrayado que es esencial contar con recursos adecuados y sistemas de comunicación eficaces entre juzgados para lograr mejoras reales en el proceso judicial.

El magistrado ha enfatizado que la implementación de los tribunales está avanzando de manera débil, dependiendo más de la buena voluntad de los profesionales que de una planificación estructurada y adecuada. Concluyó su análisis con la afirmación de que el problema fundamental en la justicia trasciende la mera organización, y que reducirlo a cuestiones logísticas es una simplificación peligrosa.

En el cierre del XXI Congreso, el FJI tomó la decisión de considerar medidas de protesta colectiva, incluyendo la posibilidad de una huelga, como ya ocurrió en julio. García Ceniceros explicó que estas acciones tienen su origen en una amenaza de paro ocurrida en mayo que fue desactivada tras alcanzar ciertos compromisos con el Gobierno.

Entre estos compromisos se encuentran mejoras en las condiciones laborales de los jueces, así como un llamado constante a la creación de más plazas para jueces y fiscales, dado el inminente retiro de muchos profesionales que ingresaron durante los años 80 y 90. La actual oferta de 200 plazas anuales no es suficiente para cubrir la tasa de reposición derivada de las jubilaciones.

Finalmente, García Ceniceros criticó la respuesta del Ministerio, que se ha centrado en las reformas judiciales y en los presupuestos prorrogados desde 2022, describiéndola como promesas vacías, que considera poco creíbles y equiparables a "un cuento de la lechera".