Garzón liderará la investigación sobre las violaciones de derechos humanos en la era franquista.

En un día histórico para la memoria democrática de España, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado la creación de la 'Comisión de la Verdad', la cual se encargará de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El reconocido jurista Baltasar Garzón liderará esta importante iniciativa.

Acompañarán a Garzón un selecto grupo de expertos y expertas en diversas disciplinas, entre los que figuran Helen Duffy, Julián Casanova Ruiz y Araceli Manjón-Cabeza Olmedo. Además, se han designado diez vocales adicionales por parte del Consejo de Memoria Democrática para asegurar la eficacia y transparencia de los trabajos de la comisión.

En total, serán 20 profesionales en derechos humanos, historiadores, politólogos y comunicadores, cuya misión es ofrecer un diagnóstico profundo y crítico sobre la situación de España durante aquellos años oscuros. Tal como se menciona en la nota de prensa del Ministerio, este esfuerzo busca fomentar un entendimiento claro de la historia reciente del país.

Entre las principales responsabilidades del equipo se encuentra la redacción de un "informe final" que recoja conclusiones y sugerencias acorde con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Este documento será fundamental para establecer una base sólida sobre la que construir un futuro que no repita los errores del pasado.

La comisión abordará su investigación a través de distintos ejes temáticos, que abarcarán la violencia letal, las desapariciones forzadas, el sistema represivo, la represión cultural, así como las violencias de género y las secuelas actuales de la dictadura. Cada uno de estos aspectos es crucial para comprender la complejidad de las experiencias vividas durante ese periodo histórico.

Adicionalmente, se ha creado una subcomisión especial que se enfocará en los derechos humanos de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, institución bajo el régimen franquista que sometió a miles de jóvenes a condiciones inhumanas, sin que se hubiera cometido delito alguno. Esta labor es esencial para visibilizar el sufrimiento de un colectivo olvidado.

Con la formación de esta comisión, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la memoria democrática y con el derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre las atrocidades del pasado. Según el Ejecutivo, esta iniciativa representa un "avance crucial" en la construcción de una memoria que rinda homenaje a las víctimas, basada en el respeto, la dignidad y el reconocimiento de las injusticias sufridas.