El 8 de abril, en Madrid, la Comisión Interministerial de Inmigración ha dado un paso significativo al anunciar la formación de un nuevo Grupo de Trabajo. Este equipo se encargará de supervisar y coordinar la implementación de un real decreto-ley que establece directrices para distribuir a los menores migrantes no acompañados entre las distintas comunidades autónomas del país.
De acuerdo con lo declarado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, este Grupo de Trabajo será fundamental para facilitar la comunicación entre distintos niveles de gobierno. Su misión incluirá la recopilación de información sobre los recursos de acogida en cada comunidad, así como datos sobre su capacidad y la situación actual de las plazas disponibles para estos menores. Además, se buscará clarificar cualquier información previamente remitida por las comunidades autónomas.
Durante la reunión celebrada este martes, también se revisaron los temas tratados en una reunión anterior con el presidente de Canarias, donde se discutieron estrategias para mejorar la acogida de menores que solicitan protección internacional, un asunto de suma importancia en la actualidad.
Este nuevo Grupo de Trabajo será dirigido por Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia. Estará compuesto por representantes de diversas subsecretarías de ministerios clave, incluyendo Asuntos Exteriores, Interior, y por supuesto, Juventud e Infancia. Se espera que esta estructura garantice un enfoque integral y multidisciplinario a la gestión de la situación de estos jóvenes.
Adicionalmente, las voces en este grupo incluirán a titulares de la Abogacía del Estado y de otras direcciones relevantes para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia. La secretaría del grupo será asumida por un funcionario del Ministerio de Infancia y Juventud designado específicamente para este cometido.
El próximo 10 de abril, el Pleno del Congreso de los Diputados abordará el real decreto-ley que busca modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta reforma tiene como objetivo establecer un marco obligatorio para el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades, especialmente en situaciones de saturación, y es el resultado de un pacto entre el Gobierno y Junts para abordar de manera efectiva estas circunstancias excepcionales.
Este conjunto de medidas busca asegurar que se respeten y garanticen los derechos e intereses superiores de la infancia y la adolescencia en el contexto de crisis migratorias extraordinarias, una tarea que requiere un compromiso sólido y coordinado a nivel nacional.
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