En un reciente giro de eventos en el conflicto israelí-palestino, el gobierno israelí ha ratificado la reintegración de 19 asentamientos en el norte de Cisjordania, incluyendo Ganim y Kadim, que habían sido evacuados en 2005. Esta decisión fue anunciada oficialmente el 21 de diciembre y ha generado una oleada de reacciones en distintos círculos, incluyendo organizaciones humanitarias como Peace Now, que alertaron sobre estos movimientos a mediados de diciembre.

Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas de Israel y uno de los principales impulsores de esta medida, se manifestó de manera entusiasta: "Estamos corrigiendo una injusticia histórica al reubicar Ganim y Kadim en el mapa de asentamientos después de dos décadas". Esta afirmación refleja el ánimo ultranacionalista del actual gobierno, que también cuenta con el apoyo de Israel Katz, ministro de Exteriores.

Ganim y Kadim, situados al oeste de la ciudad palestina de Yenín, fueron objeto de desalojo en 2005, cuando las fuerzas israelíes desmantelaron los hogares y una sinagoga como parte de la retirada de Gaza. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, el Ejército israelí había autorizado previamente el retorno a estos asentamientos, un movimiento que ha sido interpretado por muchos como una represalia ante el reconocimiento de Palestina por parte de varios países europeos, incluyendo España, Noruega e Irlanda.

Desde 2020, las autoridades israelíes han establecido un total de 69 asentamientos en Cisjordania, lo que Smotrich considera un "récord sin precedentes". A través de su perfil en la red social X, el ministro enfatizó la idea de que "el pueblo de Israel está regresando a su tierra", promoviendo así una narrativa de "sionismo moral" en el actual contexto territorial.

Sin embargo, diversos actores internacionales han denunciado esta política. La ONU ha calificado la expansión de los asentamientos como un acto ilegal, algo que Smotrich y su gobierno parecen ignorar, instando a continuar con el crecimiento territorial como un medio para prevenir la creación de un "estado terrorista palestino".

Frente a este panorama, el jefe de la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y al Asentamiento, Muayad Shaban, alertó que esta decisión es un indicativo de las intenciones del gobierno israelí, lo que podría desencadenar un sistema de anexión y apartheid en Palestina. Shaban argumentó que los planes de asentamiento no sólo desafían el Derecho Internacional, sino que también buscan desmantelar las posibilidades de un Estado palestino contiguo.

La reacción del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no se hizo esperar; señalaron que la iniciativa del gobierno de Netanyahu pone de manifiesto un enfoque extremista que trata las tierras palestinas como un recurso colonial, buscando consolidar su control sobre el territorio de Cisjordania en un contexto de creciente tensión regional.