En un significativo avance hacia la inclusión y la igualdad de oportunidades, el ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha firmado una prórroga de colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para continuar la lucha contra las cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad. Este compromiso se extiende hasta el año 2025 y fue anunciado oficialmente el 3 de enero en Madrid.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) hizo pública este viernes la Adenda que confirma la prórroga del Convenio entre la Administración General del Estado, representada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y el CERMI. Este acuerdo se centra en la detección y reducción de las cargas administrativas que, durante el bienio 2023-2024, han impactado negativamente en la gestión de trámites por parte de personas con discapacidad.

Como parte de esta colaboración estratégica, el CERMI se compromete a entregar al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Dirección General de Gobernanza Pública, un informe detallado que identifique los trámites que suponen una carga administrativa. Este documento incluirá propuestas concretas para su simplificación y debe ser presentado antes del 20 de noviembre de 2025, garantizando así que las necesidades de este colectivo sean atendidas dentro de un marco temporal definido.

Desde hace años, el ministerio dirigido por Óscar López y el CERMI mantienen una alianza dedicada a la identificación y eliminación de obstáculos administrativos que afectan a las personas con discapacidad en sus interacciones con la Administración General del Estado. Este esfuerzo se enfoca en facilitar las gestiones administrativas que estas personas deben realizar, buscando no solo reducir el número de trámites, sino también hacer que dichos procesos sean más accesibles y menos agobiantes.