Gobierno y Conferencia Episcopal llegan a un pacto para indemnizar a víctimas de abusos antiguos.

MADRID, 29 de marzo. Este lunes, se llevará a cabo la firma de un protocolo crucial que busca establecer un sistema de reconocimiento y reparación para las víctimas de abusos sexuales dentro del contexto de la Iglesia Católica. Este acuerdo se formalizará en un evento que contará con la presencia del Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Defensor del Pueblo, quienes han anticipado la importancia de esta colaboración.

El acto de firma se realizará en la sede del Defensor del Pueblo, situada en la calle Fortuny, a las 11:00 horas. Los participantes incluyen al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la CEE, Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.

Este acuerdo, que estaba planeado para concretarse en febrero, forma parte de un compromiso más amplio establecido el 8 de enero de 2025 para implementar un modelo mixto entre la Iglesia y el Estado destinado a reparar a las víctimas de abusos en el ámbito religioso.

El acuerdo establece que una vez firmado, las víctimas podrán comenzar a presentar sus solicitudes de indemnización durante un período de un año, que tendría la opción de ser prorrogado por otro año más. Se espera que el protocolo incluya la perspectiva de las propias víctimas, asegurando que se reconozcan sus derechos y se definan diversas formas de reparación. Estas abarcan desde la compensación económica hasta el apoyo psicológico y moral para las víctimas y sus familias.

Sin embargo, la oficialización del acuerdo se ha retrasado debido a las complejidades inherentes al concepto de reparación, tal como indicó el Defensor del Pueblo en una rueda de prensa reciente. El Defensor enfatizó que la reparación no se puede reducir a un mero proceso económico, sino que requiere un tratamiento integral de las experiencias de las víctimas.

Gabilondo subrayó que la dilación en la firma se debe a la búsqueda de un consenso que abarque todos los aspectos del acuerdo, evidenciando la atención y el cuidado que deben tener estas conversaciones.

El Defensor del Pueblo también informó que, durante el año pasado, la institución continuó ofreciendo apoyo a las víctimas de abusos dentro de la Iglesia, reafirmando su compromiso de mantener sus puertas abiertas para quienes necesiten asistencia.

La semana pasada, la Iglesia española expresó su respaldo a la propuesta de investigar la explotación sexual de menores bajo tutela, reflejando esta preocupación en el informe del Defensor presentado en el Congreso. Además, la CEE ha solicitado la exención fiscal para las indemnizaciones destinadas a las víctimas de abusos, lo cual es una de las condiciones planteadas en el acuerdo firmado con el Gobierno en enero.

En este contexto, las fuentes dentro de la negociación han manifestado la necesidad de evitar duplicidades en la gestión de los casos, insistiendo en que todos los acuerdos deben ser coherentes para garantizar la efectividad del plan. El objetivo es asegurar que no exista confusión en la atención a las víctimas.

La Iglesia ha destacado que el proceso establecido por su Plan de Reparación Integral (PRIVA) no se deriva de una obligación legal, sino que es un compromiso ético para atender a aquellas personas víctimas que no han podido o querido recurrir al sistema judicial. Este plan busca ofrecer reparaciones que superen en su alcance las estipuladas por las leyes civiles.

En conclusión, el nuevo acuerdo con el Defensor del Pueblo está diseñado para crear un canal a través del cual las víctimas puedan presentar sus casos sin la necesidad de ir directamente a la Iglesia, lo que representa un avance en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de abusos en el contexto eclesial. Este proceso complementará, pero no reemplazará, las iniciativas ya existentes dentro de la Iglesia.